Por Gonzalo Duque-Escobar
Mientras los expertos de la administración pública se preocupan por indicadores de cantidad y costos de la educación oficial, quienes trabajamos en museos de ciencia, jardines botánicos y planetarios, o programas afines que apenas logran subsistir en virtud de las condiciones de un medio culturalmente pobre que los requiere, y que pensamos en “formar niños, niñas y jóvenes en el ser antes que en el hacer” al explicar los fenómenos naturales y tecnológicos en el contexto social y ambiental que viven, recurriendo a la historia de la ciencia y señalando las consecuencias de la tecnología para su vida, también debemos decir algo al ver estos escenarios sometidos a una continua disminución de los recursos públicos que obligan a la gradual privatización de los servicios a nuestro cargo.
Como actores del sistema educativo y gestores de cultura y ciencia, debemos prevenir sobre la grave problemática que se advierte en la educación colombiana: una de las mejores evidencias de las dificultades que enfrentamos en materia de desarrollo educativo, es la falta de estadísticas e indicadores de calidad y de pertinencia de la educación, como instrumentos precisos, confiables y de largo plazo que permitan evaluar su estado, comportamiento y necesidades, desde el nivel regional. Es que al no haber concebido su naturaleza y finalidad en relación con la Nación y la Región, y no haberla entendido como una función propia y estratégica del Estado, excusados en los problemas de ayer y desconociendo los logros pasados, ahora la tratamos como una empresa, y por lo tanto como un servicio encomendado al insaciable mercado.
Para reorientar el desarrollo del país y en particular para hacer frente a la profunda crisis socioambiental y de valores de nuestra sociedad, si queremos futuro creemos indispensable no solo, superar esta sociedad industrial de ayer y entrar con opciones de desarrollo a la sociedad del conocimiento, sino también repensar como problema de fondo la política de la educación pública, a partir de una reflexión colectiva que nos de respuestas sobre: para qué y en qué educamos, y cómo lo hacemos, pero bajo la premisa de una educación entendida como factor esencial de un desarrollo, del orden nacional que parta desde las regiones de la patria.
Es que lamentablemente, el nuevo modelo económico que ha propugnado por la eficiencia en el gasto público y la reducción del aparato estatal, ha agudizado la inequidad, uniformado los programas, desconocido las diferencias de personas, grupos y regiones, comprometido la estabilidad de las instituciones oficiales, olvidado temas tan trascendentales como el analfabetismo y el desarrollo local, y exacerbando la ruptura para la continuidad entre la educación básica y la educación superior, sin adecuar la oferta educativa y el currículo en función de los problemas estructurales del contexto.
Desde el OAM, Ed. Circular RAC 541 de 2009.
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