26/9/16

ACUERDO DE PAZ: SÍNTESIS



El Acuerdo de Paz

Luego de más de cincuenta años de conflicto armado con las FARC, el Acuerdo de La Habana entre el Gobierno y dicho grupo guerrillero acuerda el cese bilateral  de la confrontación armada, e impedir que haya más víctimas para concentrar los esfuerzos del Estado colombiano en construir una Paz estable y duradera. A continuación se presenta en cinco puntos el contenido sintético de dicha negociación según la publicación que hace www.acuerdodepaz.gov.co y unas lecturas de complemento en cada ítem.

1- El campo

MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL CAMPO
Situación precaria de los campesinos en las montañas de Colombia.
Imagen https://monicaacero.com
La esencia del Acuerdo.
Para reversar los efectos del conflicto en el territorio e impedir que se repita, se deben cambiar de manera radical las condiciones sociales y económicas en las zonas rurales de Colombia.
Esto se logra con una transformación del medio rural que cierre las brechas entre el campo y la ciudad.
Con lo acordado sobre desarrollo rural se busca que haya más crédito, asistencia técnica y apoyo en la comercialización de la producción agrícola; que se formalice la posesión y la propiedad de la tierra y que se cree un Fondo de Tierras a partir de baldíos, donaciones y recuperación de aquellas que fueron compradas ilegalmente, para distribuirlas de forma justa a quienes la guerra les quitó todo.
Qué pasará
• La Reforma Rural Integral busca superar la pobreza y la desigualdad en el campo y brindar condiciones de bienestar a todos los habitantes rurales.
• Los desplazados por el conflicto podrán volver a sus tierras, trabajar en ellas y vivir en paz.
• La población rural tendrá oportunidades de educación, salud, trabajo digno y vivienda.
• Se reconstruirán las regiones rurales más afectadas por el conflicto con la participación de las comunidades.
• Habrá más crédito, asistencia técnica y apoyo en la comercialización de la producción agrícola. Se promoverá la economía solidaria.
• Se construirán vías terciarias, distritos de riego y drenaje, electrificación y conectividad digital. Es decir, bienes y servicios públicos que hoy son escasos en el campo.
• Se formalizará la posesión de la tierra para garantizar que los campesinos que tienen tierra pero no escrituras, no estén marginados y para eliminar los conflictos alrededor de la propiedad y su uso.
• Se mejorará el acceso a la justicia en el campo con la creación de la jurisdicción agraria.
• Se formalizará el trabajo en el campo y mejorará la protección social rural.
• El Fondo de Tierras la distribuirá de forma justa a quienes la guerra se las quitó, a partir de baldíos, donaciones y recuperaciones de tierras adquiridas ilegalmente.
• Se brindarán alternativas económicas sostenibles a las comunidades rurales que habitan en zonas de interés ambiental, como páramos, cuencas y humedales.
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2 – La democracia

MÁS PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
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La esencia del Acuerdo
El Acuerdo Final busca que las diferencias puedan resolverse de manera pacífica y que el país transite hacia una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización.
Con el punto de participación política se logrará una democracia fortalecida, donde todos quepan, puedan opinar y tengan derecho a no estar de acuerdo.
Donde las ideas se defiendan con argumentos y nunca más con las armas.
Para garantizar esto se facilitará la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, habrá nuevas oportunidades de participación para los territorios que han estado al margen del sistema político por cuenta de la amenaza de la violencia, así como medidas para promover la transparencia en los procesos electorales y reformar la organización electoral.
Además, se promoverá la participación e incidencia de las comunidades en la formulación, ejecución, y seguimiento de los procesos planeación territorial y regional, dando una mayor relevancia a la veeduría y control ciudadano.
Qué pasará
• Una vez dejadas las armas, las FARC entrarán a jugar con las reglas de la democracia, transformándose en un partido o movimiento político.
• Se creará un Estatuto de Oposición con la participación de todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para fortalecer la participación de todas las voces contradictoras de los gobiernos.
• Se creará un Sistema Integral de Seguridad para proteger la vida de quienes están ejerciendo la política y de líderes de movimientos y organizaciones sociales.
• Se crearán circunscripciones especiales de paz para garantizar una mejor integración de los territorios más afectados por el conflicto mediante una representación transitoria en el Congreso.
• Se fortalecerá la participación de los ciudadanos para que puedan tener más influencia en las decisiones que los afectan.
• Habrá más control del gasto público por parte de los ciudadanos por medio de la promoción del control y veedurías ciudadanas.
• Se implementarán medidas para promover la transparencia en los procesos electorales.
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3 – Fin de la guerra

EN QUÉ CONSISTE EL ACUERDO DE PAZ
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Acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas entre el Gobierno Nacional y las FARC.
La esencia del Acuerdo
Se logró el silencio definitivo de los fusiles, pues las FARC dejan de existir como grupo armado. Dejan las armas, que serán entregadas a Naciones Unidas y se destinarán a la construcción de 3 monumentos: uno en Colombia, otro en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y el tercero en Cuba. Todo el proceso estará bajo el monitoreo y verificación de un mecanismo liderado por las Naciones Unidas.
Además, las FARC dejan el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. La Fuerza Pública y la justicia perseguirán a quienes no se reincorporen a la vida civil.
En su tránsito hacia la legalidad, los excombatientes tendrán apoyo psicosocial y económico por un tiempo limitado para que puedan reiniciar sus vidas. Ya sin armas, podrán participar en política, en democracia. Para las elecciones de Senado y Cámara de 2018 y 2022 podrán, si no alcanzan el umbral, acceder a 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes.
Qué pasará:
• Para garantizar el cese al fuego, el tránsito de las FARC a la legalidad y la dejación de las armas, los miembros de este grupo se ubicarán, por un periodo de 180 días, en 22 zonas veredales y en 6 puntos campamentarios. Estas zonas estarán alejadas de los centros poblados.
• La verificación del cese al fuego bilateral será liderada por las Naciones Unidas, organización que gestionará las controversias que puedan surgir. • Una vez salgan de las zonas, recibirán por un periodo limitado un apoyo económico, de un poco menos de un salario mínimo, para su manutención. Quienes construyan un proyecto productivo podrán aplicar a una ayuda.
• Una vez salgan de las zonas, recibirán por un periodo limitado un apoyo económico, de un poco menos de un salario mínimo, para su manutención. Quienes construyan un proyecto productivo podrán aplicar a una ayuda.
•Una vez dejadas las armas y convertidos en un partido o movimiento político, el acuerdo garantiza una representación de 5 Sendores y 5 Representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales (2018 y 2022). Solo se asignarán las que no se logren con los votos para completar las 5 curules.
• Alcaldes, gobernadores y todas las autoridades civiles continuarán haciendo presencia en el territorio y ejerciendo sus funciones.
• La Fuerza Pública continuará garantizando la seguridad y la vigencia del Estado Social de Derecho en todo el territorio Nacional.
• El Estado fortalecerá su acción contra todas las formas criminales que amenacen a los colombianos, en particular contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.
• El Gobierno y las FARC pondrán en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas que se han visto afectadas por estos artefactos.
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4 – El narcotráfico
CONTRA EL NARCOTRÁFICO
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Imagen: m.paraguay.com 

Acuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas.
La esencia del Acuerdo
Si bien el conflicto empezó antes del problema del narcotráfico, no es posible la construcción de una paz estable y duradera si no se resuelve este problema, en especial en su expresión territorial: el problema de los cultivos ilícitos y las economías ilegales asociadas a ellos, así como la amenaza de las redes territoriales de crimen organizado dedicadas al narcotráfico.
A través de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, se les dará a los cultivadores, antes amenazados por la guerra, opciones reales de vida y trabajo en la legalidad. De esta forma, se fortalecerá la presencia permanente del Estado y el trabajo conjunto con los habitantes de estas tierras para garantizar la sostenibilidad de estas comunidades.
El Estado se concentrará en combatir a las grandes organizaciones criminales, a los eslabones más fuertes del narcotráfico y no a los campesinos que alguna vez tuvieron cultivos ilícitos.
Qué pasará
• Colombia tendrá un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito que irá más allá de la erradicación y estará articulado a los planes y programas de desarrollo rural acordados.
• Los campesinos cultivadores no serán tratados como criminales y contarán con alternativas productivas y acompañamiento permanente del Estado.
• Se abordará el problema del consumo como un tema de salud pública, con programas de prevención, atención y rehabilitación de los consumidores.
• Se evitará que se destruyan miles de hectáreas de selva y bosques naturales al evitar la expansión de los cultivos ilícitos.
• Las FARC se comprometieron a romper cualquier vínculo que hayan tenido con el narcotráfico. • Se continuará combatiendo, tanto al crimen organizado como al narcotráfico, en especial a sus eslabones más rentables, y se atacará la corrupción que este genera.
• Se fortalecerá la lucha contra las finanzas ilícitas con una estrategia para perseguir los bienes y dineros involucrados en el narcotráfico y controlar el lavado de activos.
• Los bienes a los que se les haga extinción de dominio irán a un fondo de tierras para los campesinos que no tienen tierra.
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5 – Las víctimas

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS
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Imagen: radiomacondo.fm
Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”
La esencia del Acuerdo
El resarcimiento a las víctimas está en el centro del acuerdo. Es por ello que se creó un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto para así asegurar la transición del conflicto armado a la paz.
Los responsables de los crímenes más graves serán investigados, juzgados y sancionados por una justicia especial. Si no colaboran, no cuentan toda la verdad y no reparan a sus víctimas, recibirán penas de cárcel hasta por 20 años. Y si vuelven a delinquir perderán los beneficios judiciales.
Además, los responsables tendrán que participar en acciones de reparación a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto como construcción de infraestructura, desminado humanitario y búsqueda de desaparecidos. Solo si hacen esto accederán a un tratamiento especial de la justicia.
Todas las actuaciones de las Fuerzas Militares y de Policía relacionadas con el conflicto, se presumen legales. Sin embargo, aquellos agentes del Estado que hayan cometido algún delito relacionado con el conflicto, podrán acogerse a la justicia especial de paz; si dicen toda la verdad y reparan a sus víctimas, podrán obtener un tratamiento especial de la justicia.
Los terceros, es decir, los civiles que hayan participado de forma determinante en la comisión de delitos atroces con ocasión del conflicto armado, también podrán presentarse ante esta justicia transicional. Quienes hayan sido obligados a pagar vacunas o rescates serán considerados como víctimas.
Qué pasará
• Las FARC tendrán que presentarse ante una jurisdicción especial de paz, donde los responsables de los crímenes más graves deberán reconocer su responsabilidad por los daños causados en el conflicto y serán sancionados. Quienes no los reconozcan pagarán hasta 20 años de cárcel ordinaria.
• Las FARC se comprometieron a contribuir al esclarecimiento de la verdad en espacios como la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
• Repararán a sus víctimas de forma material y con trabajos y obras de reconstrucción que beneficiarán a las comunidades afectadas por la guerra.
• Las FARC tendrán que participar en acciones de reparación como reconstrucción de infraestructura, desminado humanitario, búsqueda y ubicación de personas desaparecidas y erradicación de cultivos de uso ilícito.
• No habrá injusticia frente a los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en el marco del conflicto: si reconocen responsabilidad y contribuyen a la verdad y la reparación, accederán al tratamiento especial de la justicia.
• Los civiles que hayan sido extorsionados son víctimas.
• Quienes hayan financiado voluntariamente a grupos armados y cumplan con los compromisos del acuerdo sobre verdad y reparación, tendrán la oportunidad de resolver su situación y acceder a un tratamiento especial de la justicia.
Fuente:

14/9/16

Guerra o Paz, y disfunciones socio-ambientales en Colombia




Por: Gonzalo Duque-Escobar

Si bien la firma del histórico acuerdo de la Habana no es la Paz, si es una oportunidad para crear condiciones propicias que permitan emprender los complejos procesos con que ésta se construye, a partir de una aceptación colectiva y de un cambio de actitud personal, como condiciones necesarias de soporte para las reformas estructurales, urgentes pero de largo plazo, que resolverán las disfunciones socioambientales que se han venido acumulando por más de medio siglo, como consecuencia de un Estado débil y de un modelo económico que al cooptarlo con la reforma a la Carta de hace 25 años, ha acentuado la inequidad, facilitado la corrupción y favorecido la violencia que explica cerca de ¾ de millón de víctimas mortales y más de cinco millones de desplazados, causados por el conflicto armado.

El solo hecho de un referendo que decide desde la ciudad el problema que agobia el campesino al auscultar la opinión, fortalece la democracia. Ahora, si pareciera que apostarle a no perpetuar el conflicto mediante la vía del perdón no fuera importante, basta considerar las consecuencias de unas relaciones asimétricas, en las que los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos, y en la que se advierte la brecha entre los colombianos rurales y urbanos, lo que obliga a parar el conflicto armado para ubicar a las personas en el centro del desarrollo, en vez de persistir con la vía de las armas para mantener vigentes las políticas públicas que en beneficio del Mercado vulneran los derechos humanos, en lugar de fortalecer el Estado Social de Derecho.

Al examinar la fragmentación y la crisis social en un panorama agravado por la impunidad presente en el ejercicio de impartir justicia, por la corrupción de quienes usurpan la voluntad de los servidores públicos, por la inseguridad generalizada que siembra temor y desesperanza en las personas, por la violencia en la familia, en las escuelas y en el trabajo, y por la pérdida de confianza en las instituciones y en las personas que las representan, queda claro que siendo fundamental la desmovilización de la guerrilla, la Paz sólo es posible si entre otros asuntos, además de atender la grave problemática socio-ambiental , 1- se fortalece el Estado a través de la democracia mediante la gobernanza y el fortalecimiento de la sociedad civil; 2- se armoniza el desarrollo de los mercados internos sin doblegarlos al interés económico de las multinacionales; 3- se implementan reformas en las políticas laborales afectando variables económicas y financieras; 4- y se desarrollan políticas fiscales y monetarias que antes que conceder privilegios y reprimarizar la economía, permitan incrementar la base tributaria para financiar el gasto público destinado a programas sociales y a la construcción de la Nación.

Definitivamente, porque sin la reforma de las leyes que menoscaban el bien general, el empleo no crecerá conforme se dé el crecimiento económico, los devenires económicos generarán conflictos sociales y políticos, y el mal tiempo para la democracia afectará el clima para La Paz que todos buscamos. Veamos:

Máscaras de guerra y paz (1)
En estos tiempos de grandes decisiones y cambios fundamentales como los que supone la Paz que soñamos tantos colombianos, naturalmente van saliendo dificultades surgidas del conflicto de intereses entre las partes, como de la incapacidad consustancial de algunos actores sociales con precario desarrollo conceptual. Las primeras de aquellas, por regla general consecuencia de posturas antes veladas y ahora abiertas de quienes tienen más poder del que merecen y que no desean perderlo, y las segundas, fruto de una percepción limitada del mundo, la que se expresa en desconfianza para actuar con acierto, por parte de una inmensa mayoría de colombianos, que desafortunadamente beben mensajes cargados de pasiones y malas intenciones, orquestados por los primeros.

Hace lustros escuchaba en mi Universidad al respecto, de un importante académico de esos que sueñan con la construcción de la Nación, la tesis anterior ilustrada con una magistral idea: el establecimiento en que se soporta una sociedad, después de todo necesariamente termina por cumplir su vida útil tras un ciclo de evolución,  razón por la cual, tras la intensificación de los conflictos surge la crisis y con ella la necesidad de un cambio estructural. Una imagen para ilustrar la dinámica de semejante proceso, es la de un espacio que estando atado a un ordenamiento propio de su estado inicial, tras el surgimiento de una nueva sociedad y las nuevas circunstancias, exige liberar sus ataduras para dilatarse, reacomodarse y cerrarse de nuevo, con otras fronteras y posibilidades para los actores; pero es allí donde algunos, tras liberar las ataduras del establecimiento, al no saber a dónde ir ni cómo moverse para sacar legítima ventaja, terminan atentando contra el proceso y rompiendo compromisos.

Para nadie es un secreto que la historia social de Colombia, ha estado cruzada por la injusticia de unos privilegios e inequidad relevantes; que la distancia ideológica entre liberales y conservadores, al no generar contradicciones políticas solo cierra espacios y  alternativas de participación; y que el excluyente lenguaje de la competitividad tan solo ofrece opciones reales para una reducida fracción de la población. En ese orden de ideas, sólo con estos elementos podría trazarse un escenario de acuerdos fundamentales, a partir de los cuales se implementen políticas para corregir la inequidad, cerrar la profunda brecha de ingresos promedio entre ciudad y campo, democratizar las oportunidades políticas en bien de la sociedad civil, destronar el imperio de una corrupción que se escuda en la impunidad de la justicia, y corregir los factores económicos y políticos que históricamente oprimen a las grandes mayorías.

A modo de ejemplo, el conflicto de la tierra donde la verdadera inequidad resulta visible solo cuando se mide la concentración de la propiedad a partir de los precios de mercado y no de la extensión de los predios como suele presentarse, o de los impuestos dado que el valor en el registro predial tampoco funcionaría cuando sabemos cómo la corrupción afecta el sistema predial ejerciendo influencias sobre alcaldes y demás funcionarios para subvalorar la propiedad, como pago de favores por el financiamiento de campañas electorales. Dicho conflicto, importante por su rol como dinamizador histórico, ya que tras las guerras civiles del siglo XIX consecuencia de la ambición política y alimentada por la pobreza en un escenario profundamente rural, terminadas las contiendas pero no los conflictos, se crean las condiciones para la violencia partidista de mediados del Siglo XX, cuya causa fundamental parte de una problemática social desatendida, como son las necesarias reformas laborales para los trabajadores y el acceso a la tierra para los campesinos, dos temas que resultan eclipsados por la disputa bipartidista del poder.

Y mientras sigan persistiendo el divorcio entre “país político y país nacional” manteniendo cerrado el escenario de participación política, el atraso del campo expresado en una brecha de productividad e ingresos, y los aires guerreros que camuflan el enfrentamiento del campesinado con los propietarios de tierra intentando perpetuar la inequidad, se perpetuará la actual violencia insurreccional que se vive en el campo, y posiblemente se hará más compleja la solución a los nuevos conflictos urbanos, que ya se multiplican y extienden más allá de las metrópolis colombianas, alcanzando las pacíficas ciudades de la zona cafetera.

Lo anterior no solo para advertir que, si bien el ritmo en que surgen los conflictos y su potencial intensidad serán crecientes en virtud de la acelerada dinámica y mayor complejidad de los cambios de vida y experiencias sociales en el curso del tiempo; también más allá de un simple acuerdo para detener la guerra sin atender los males que la explican, el proceso de paz necesariamente debe alcanzar acuerdos mínimos para trazar políticas y emprender acciones sociales, económicas y ambientales, suficientes para desencadenar cambios estructurales, como resultado fundamental para la construcción de una Nación más digna.

Retrospectiva de la Constitución Política (2)

El 4 de Julio de 1991, al firmarse en Colombia la reforma fundamental a nuestra carta máxima, fruto de un consenso entre partidos, pasamos del Estado de derecho de 1886, a un Estado social de derecho, en el que se consagran además de los derechos fundamentales de los ciudadanos, otros derechos económicos, sociales y colectivos, y varios mecanismos como la tutela y las acciones populares para asegurarlos, creándose al tiempo la Defensoría del pueblo como un instrumento para velar por los derechos humanos.

Como antecedente lejano, si tras la crisis de los años 30 habíamos abandonado el modelo agrario e incursionado en el de sustitución de importaciones bajo los preceptos Cepalinos, más adelante facilitamos la dictadura de Rojas para enfrentar la violencia política, y en 1957 mediante un plebiscito creamos el Frente Nacional como una coalición bipartidista, para modernizar el Estado. Pero en los 90, con la presencia guerrillera y los aires de la modernidad, era evidente que el fin no se había alcanzado: pese a los cuatro gobiernos que se repartieron el poder, el Estado no logró crear las condiciones para fortalecerse, resultando así un para-estado” que lo sustituyo conformado por quienes ejercían la justicia por su propia mano y por organizaciones que lo cooptaron, además de la presencia de actores armados.

Fue entonces cuando las dinámicas de la apertura económica facilitaron una nueva reforma constitucional para adecuar el Estado, dándose de paso el cambio de la democracia representativa por la participativa, al consignar en ella novedosos elementos como el respeto por las minorías étnicas, la libertad de cultos y la equidad de género, y diferentes mecanismos de participación democrática como la consulta popular, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. Y en materia de derechos ciudadanos, se crearon la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de legalidad, las acciones de grupo, el derecho de petición, e instrumentos como las juntas de vigilancias, veedurías ciudadanas, y audiencias públicas, al tiempo que se estableció que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

También ha habido reformas sustantivas a la carta: la transferencia de recursos a las entidades territoriales, la expropiación de bienes sin indemnización por razones de interés social, la extradición de nacionales por delitos cometidos en el exterior, la expansión del régimen pensional para incluir a casi toda la población, la pérdida de derechos políticos por delitos contra el patrimonio del Estado, y la reelección presidencial inmediata, entre otros.

Ahora, si en materia económica se crearon las bases para dar paso a la economía de mercado bajo los preceptos del modelo neoliberal, al admitir que el Estado enajenara o liquidara sus empresas monopolísticas que no cumplan los requisitos de eficiencia, así promoviera la democratización de la titularidad permitió otorgarle a terceros el desarrollo de su actividad económica. Entonces, al desmontar el Estado Keynesiano, esta vez pudieron más el modelo neoliberal y la apertura económica, que el carácter democrático de la Constitución; a modo de ejemplo, basta ver los efectos de la Ley 100 de 1993 sobre la salud, las pensiones y los riesgos profesionales, que desdiciendo del espíritu solidario de la carta incorpora una política social subsidiaria y neoliberal, en beneficio de organizaciones empresariales de intermediación (EPS, IPS, ARS y ESE).

Posiblemente, tras el cambio de modelo económico incorporado, aunque algo se ha logrado con la Constitución Política, el capitalismo salvaje parece haber podido más que la consagración de principios como la solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, toda vez que a partir de los años 90, la institucionalidad del “para-estado” actuando con expresión militar, social, política y económica, ha prosperado y se ha acentuado como nunca en la historia del país. Basta escuchar las noticias sobre la muerte de niños Wayuu en Guajira para saber de la corrupción a través del soborno, la adjudicación indebida de contratos, el clientelismo y el desvío de recursos públicos; de la confrontación armada entre las FFAA y guerrillas para entender el flagelo de legiones de campesinos desplazados sin tierra que cargan las huellas de la violencia; o de la tragedia de líderes y reclamantes de tierras en Montes de María y Urabá muertos o afectados por presiones, hostigamientos y amenazas.

Tercera vía y desarrollo en Colombia (3)

Si deseamos un mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, debemos partir de la educación por ser un proceso con el cual se liberan y desarrollan las personas, formándolas en actitudes, valores y respeto por lo público, además de generar en los individuos capacidades que les permita actuar como miembros de la sociedad civil de forma responsable con el medio ambiente y con visión de futuro, decidiendo sobre los asuntos propios del hábitat. Al respecto, antes de abordar la calidad de la educación, habrá que empezar por replantear el actual modelo educativo por anacrónico, al ser un tema de primer orden, dado que esta sociedad demanda formar en competencias para la nueva sociedad del conocimiento, sin perder de vista que nuestro particular contexto natural y cultural, responde al ámbito latinoamericano.

Con la intensión de buscar soluciones a los problemas del país, de conformidad con la triada priorizada para el período Santos II, “Paz, equidad y educación”, el gobierno implementará propuestas en el marco de “La tercera vía, un híbrido que toma elementos del capitalismo y del socialismo para seleccionar alternativas y argumentar opciones acordes con una visión no conflictiva del futuro, pero trazando políticas públicas en un mundo cada vez más abierto, donde a primera vista no habría posibilidad práctica de encontrar tres vías y tampoco una tercera desde la perspectiva de la teoría económica, salvo que la propuesta sea priorizar la formación de capital social sobre el crecimiento económico, y no la fórmula contraria que nos ubicó en un sitial de privilegio entre las naciones menos equitativas del planeta.

Lo anterior, porque en la realidad colombiana donde paros agrarios, conflictos mineros y desempleo formal caracterizan a esta sociedad, dada la naturaleza compleja tanto del sistema social como del natural, la problemática socio-económica en un escenario premoderno como el nuestro, no puede admitir respuestas simples, dado que en virtud de la naturaleza de las relaciones entre colectividades humanas y medio ecosistémico, más allá del neoliberalismo y del keynesianismo, necesariamente se dan muchas formas de capitalismo y múltiples formas en la organización social, incluyendo la democracia comunitaria. Para el efecto, veamos nuestras circunstancias en las tres dimensiones del desarrollo:

En lo ambiental, durante los últimos años, la deforestación que alcanza niveles del 41% en la Región Andina, aunque en Colombia las tasas hayan disminuido, ha pasado factura con inundaciones y sequías por toda la geografía nacional, y con la contaminación hídrica por los vertimientos industriales y agroindustriales principalmente, así seamos el sexto país del mundo en oferta de agua, hemos comprometido el 50% del valioso patrimonio: con sendas problemáticas, nuestros ecosistemas se han desmejorado de forma sistemática, incluidos páramos y humedales legalmente protegidos, pero también los bosques andinos que permanecen a la deriva, por lo que una proporción considerable de la biodiversidad está amenazada.

En lo social, nuestras principales problemáticas se relacionan con violencia, conflicto armado, desplazados, narcotráfico y corrupción. Mientras la guerra históricamente ha estado ligada al desarrollo económico colombiano, la violencia ha partido del ejercicio indebido del poder buscando el control y asalto del Estado, para acumular tierras y riqueza. Y como fenómenos asociados, además del desplazamiento forzado cuyas víctimas sumarían 5 millones, tenemos el narcotráfico ejercido por bandas criminales dedicadas al microtráfico, sicariato y extorsión, o por las Bacrim herederas de las Auc, quienes retomaron el control de las actividades criminales de paramilitares y narcotraficantes.

Y en lo económico, aunque los temas sustantivos se relacionan con inequidad y pobreza, empleo y productividad, crecimiento económico, inversión en infraestructura y balanza de pagos, aunque el país ha presentado notables avances los principales problemas se asocian, en primer lugar, con la inequidad, que a diferencia de la pobreza resulta más difícil de resolver; en segundo lugar, con la falta de acceso a un empleo de calidad y con la obsolescencia del aparato productivo, consecuencia de una brecha de productividad por carencia de políticas de ciencia y tecnología en especial para el agro, donde aquélla explica la concentración del ingreso en los medios urbanos; y por último la salud, dada la falta de cobertura y dificultades de acceso equitativo a servicios de buena calidad en forma oportuna y eficiente.

(*) Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Miembro de la SMP de Manizales. Créditos: (0) [Ed. Circular RAC 635] (1) [Ref.: La Patria/ Manizales, 2013-02-04.]  (2) [Ref.: La Patria. Manizales, 2016.08.02] (3) [Ref. La Patria, Manizales, 2014.08.18] Imagen, en: festivalcolombiepaixjustice.wordpress.com

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·         Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional - See more at: http://www.bdigital.unal.edu.co/2400/1/gonzaloduqueescobar.201026.pdf

6/9/16

Plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales

Plusvalía urbana para Viabilizar el POT de Manizales

      Por Gonzalo Duque Escobar *
      Manizales, Septiembre 6 de 2016.
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Ref: Ponencia SMP-UN para el Foro-Debate: “Cargas y Beneficios en el Plan de Ordenamiento Territorial: pros y contras de la Plusvalía en Manizales”.  Recinto del Honorable Concejo Municipal de Manizales. 6.09.2016
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La Plusvalía urbana es el instrumento moderno de aplicar cargas y beneficios para financiar el POT 
      Pros y contras de la Plusvalía urbana calculada, no por la vía del precio, sino por la del cambio de valor del suelo urbano, o Pros y Contras del modelo de Cargas y Beneficios por otra vía, cuando la valorización no hace viable un desarrollo de la ciudad con equidad, sin los conflictos del modelo de ocupación del territorio incentivados por las dinámicas del mercado.
      Aunque existen instrumentos como la valorización y la compensación, hoy las ciudades modernas, caso Curitiba (Brasil), están aplicando el instrumento de gestión de la Plusvalía urbana, existente en Colombia donde se contempla por la Ley 388 de 1997 .
      Es hora de dejar a un lado la valorización, para aplicar un instrumento más serio de financiación de un POT, como lo es la Plusvalía urbana, que es una obligación fiscal (no tributaria). Según Samuel Jaramillo, Víctor M. Moncayo C. y Óscar A. Alfonso R, la participación del Estado en las Plusvalías urbanas, además de resultar legítima es también perentoria.
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La Plusvalía urbana asegura la función social del suelo urbano regulando el mercado
      Se entiende por “Plusvalía urbana" el incremento en el valor del suelo producto de una acción estatal relacionado con las obras públicas y sus mejoras, o por un cambio normativo en las decisiones estatales asociado al uso del suelo, pero no por un mayor valor derivado de la propia cosa o de la actividad individual del propietario.
      En el caso de las plusvalías es importante diferenciar al menos dos de las escuelas teóricas en su conceptualización: una de origen marxista, fundamentada en la teoría del valor- trabajo, y esta de origen keynesiano, desarrollada a profundidad en  Colombia por el profesor Currie, la cual inspiró la Ley 388 de  1997.
      El cobro de dicha Plusvalía urbana por parte del Estado, hace prevalecer el interés colectivo sobre tales valores añadidos al patrimonio por encima del derecho individual de propiedad y de las distorsiones del mercado.
      Según la Ley dicho impuesto se deberá destinar a “distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o distrital”.
      La vía del valor y no del precio, para el cálculo correcto de la Plusvalía urbana previene la desnaturalización del impuesto, dado que en el segundo caso los precios se desvirtúan por efectos de la especulación y eventuales burbujas inmobiliarias.
       La Plusvalía urbana como control a la especulación que distorsiona los precios de la tierra, disciplina el mercado y facilita la gestión del suelo urbano. La actividad especulativa desnaturaliza la función social del suelo al obstruir su gestión actuando sobre el mercado y no con el mercado.
      Ojalá la aplicación y cobro de la Plusvalía urbana se lleve a cabo con buen criterio y equilibrio, para no desvirtuar esta moderna herramienta de financiamiento del desarrollo urbano, fundamental para lograr los recursos públicos que demandan los procesos de desarrollo urbano encaminados a lograr la equidad en la inversión en infraestructura social y productiva, con enfoque de justicia social.
      Manizales requiere de este valioso instrumento para fortalecer sus ingresos corrientes provienen de impuestos como el predial, vehículos, sobre tasa a la gasolina, industria y comercio, o de las transferencias de la nación a través del sistema general de participación y regalías, y de otras rentas, como rendimientos de capital o utilidades de sus empresas.
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Si la intención es construir "la ciudad sostenible“, …La Plusvalía urbana es la clave
      Mientras en Bogotá las cuantías establecidas se incrementaron del 30% al 50% desde 2006 y en Pereira se viene aplicando mediante el Acuerdo No. 65 de 2004, en Manizales fracasó la implementación de este instrumento que regularía la especulación del suelo, cuando en 2015 solamente se proponía una cuantía del 30%, igual a la que se aplica en Medellín desde abril de 2013.
      El argumento, los agentes del mercado inmobiliario han pactado el pago de cargas por otra vía que no es la de la Plusvalía urbana como compensación por los beneficios que se derivan de los procesos de expansión de las obras públicas, relacionados con la infraestructura urbana: red vial y de SSPP, y nuevos equipamientos, entre otras.
      Si bien la viabilidad de un modelo urbano sostenible depende del desarrollo de instrumentos que propendan por una distribución equitativa de cargas y beneficios, ésta fórmula no descarta el cobro de la Plusvalía urbana como un impuesto directo que permite prevenir los procesos especulativos que distorsionan el modelo de ocupación del territorio.
      Son los rendimientos urbanísticos  - índices de construcción, ocupación, edificabilidad y aprovechamiento del suelo-, la clave del urbanismo económico al servir de base para gravar las Plusvalías urbanas.
      Sabemos que dicho pago para el caso de los urbanizadores, al eximir del pago de la plusvalía a otros propietarios, priva al municipio de ingresos necesarios para asumir obras complementarias para el desarrollo social relacionadas con las nuevas dinámicas urbanas, que no resultan viables por la vía de la valorización en las zonas urbanas de los estratos populares de la ciudad. 
      Como ciudadanos estamos obligados a blindar la democracia, para que la inversión pública y las decisiones sobre el uso del suelo tradicionalmente orientadas por la lógica del mercado, consideren darle mayor importancia a la gente y al medio ambiente al implementar este impuesto como mecanismo de distribución equitativa de cargas y beneficios, y no otra fórmula para evitar la apropiación de la Plusvalía urbana por parte de los propietarios de la tierra.
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Conclusiones 1
      En Manizales, a la problemática del suelo advertida en procesos que acentúan las inequidades, como la fragmentación y renovación urbana, la presión sobre la selva andina y las zonas de riesgo de la periferia, se suman las dinámicas incontroladas de expansión de la frontera urbana ejercidas por quienes controlan el modelo de ocupación territorial, para mantener la distribución inequitativa de cargas y beneficios y la separación de costos y utilidades, asociada a la actividad urbanizadora.
      Habrá que tomar decisiones para lograr una distribución equitativa de cargas y beneficios mediante la Plusvalía urbana, para imponer límites a los apetitos del mercado controlando los procesos especulativos del suelo, facilitar la función social de la propiedad y prevenir un modelo conflictivo de ocupación del territorio.
      Manizales, además de prevenir la especulación del suelo urbano que trafica con la Plusvalía urbana y el uso del suelo, entre otras acciones debería avanzar en propuestas sostenibles y modernas de administración pública para financiar un verdadero desarrollo, mediante decisiones y acciones socialmente equitativas,  económicamente viables y ambientalmente sostenibles.
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Conclusiones 2
       Manizales debe prevenir la separación de costos y utilidades obtenidos de la actividad urbanizadora haciendo uso de la Plusvalía urbana, por ser una moderna herramienta de aplicación de cargas y beneficios, y corregir una estratificación de Ley altamente inconveniente, inequitativa y anacrónica, mediante la cual se otorgan subsidios y cobran contribuciones en función de la morfología urbana de la vecindad y de las características de la vivienda, y no de la realidad socioeconómica del ciudadano.
      Se requiere de políticas públicas para una planificación en la que el modelo de ocupación del territorio le apueste a estrategias de "crecimiento hacia adentro" y la infraestructura social y económica se descentralice, para que el suelo urbano cumpla su función social, se favorezca la movilidad y el hábitat resulte menos conflictivo.
      Urge un nuevo modelo de desarrollo urbano y de ocupación del territorio para Manizales, para corregir un uso conflictivo del suelo y expansionista del territorio, y la concentración de la inversión en infraestructura social y productiva, como factores que además del deterioro ambiental son causa de la fragmentación espacial y social de la ciudad.
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Gracias

      * Gonzalo Duque-Escobar: Profesor Universidad Nacional de Colombia, Socio de la SMP de Manizales y Miembro del CROT de Caldas. http://godues.webs.com
      Ponencia para el Foro-Debate “Ponencia SMP-UN para el Foro-Debate: “Cargas y Beneficios en el Plan de Ordenamiento Territorial: pros y contras de la Plusvalía en Manizales”, desarrollado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de Manizales, el martes 6 de Septiembre de 2016.
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Fuentes 1
      Dinámicas y contra rumbos del desarrollo urbano. Duque Escobar, Gonzalo (2014) La Patria- See more at: http://www.bdigital.unal.edu.co/43092/1/gonzaloduqueescobar.201442.pdf
      El cálculo del efecto plusvalía y su relación como instrumento de gestión con las actividades económicas adscritas al régimen de usos del suelo en el desarrollo urbano de Bogotá D.C. Colombia. Por E RAMÍREZ PARDO (2013). T.G. Maestría en Planeación Urbana y Regional. U. Javeriana, en: http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/14010/1/RamirezPardoEdwin2013.pdf
      El desarrollo urbano y económico de Manizales. Duque Escobar, Gonzalo (2015) El POT de Manizales: “Colectivo Subámonos al Bus del POT", 16/07/ 2015, SMP Manizales. http://www.bdigital.unal.edu.co/50922/1/eldesarrollourbanoyeconomicodemanizales.pdf
      El Estado y la función del suelo urbano en Manizales. Duque Escobar, Gonzalo (2014) La Patria. http://www.bdigital.unal.edu.co/40947/1/gonzaloduqueescobar.201437.pdf
      El problema de la vivienda y el mercado hipotecario: Del suelo urbano a la financiación hipotecaria. ONU-HABITAT. Maldonado Copello. María Mercedes. Bogotá Julio 5 de 2007. https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=El+problema+de+la+vivienda+y+el+mercado+hipotecario%3A+Del+suelo+urbano+a+la+financiaci%C3%B3n+hipotecaria.
      El modelo de ocupación urbano - territorial de Manizales. Duque Escobar, Gonzalo (2015) In: Encuentro Colectivo Alianza Verde, Concejo de Manizales. http://www.bdigital.unal.edu.co/51221/1/elmodelodeocupacionurbanoterritorialdemanizales.pdf
      El urbanismo y la plusvalía urbana. Arq. Percy Acuña Vigil. In: Urbano Perú 07/21/2012. http://www.urbanoperu.com/El-Urbanismo-y-la-Plusvalia-Urbana
      Elementos básicos para la aplicación de la participación en plusvalía en Colombia. Maldonado, María Mercedes. Instituto de Estudios Urbanos. Ponencia 2012. http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/1_Docencia/Profesores/Maldonado_Maria_Mercedes/Ineditos/Elementos_Basicos-Maldonado_Mercedes.pdf
      Estructura Ecológica Principal EEP. Planeación Municipal. In: POT de MANIZALES. 28 de Mayo de 2014. http://manizalesenlinea.gov.co/dmd/pot/EEP.pdf
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Fuentes 2
      La sostenibilidad de Manizales: qué ciudad queremos. Duque Escobar, Gonzalo (2011) La Patria. http://www.bdigital.unal.edu.co/3334/1/gonzaloduqueescobar.201117.pdf
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      Manizales: política pública ambiental y gestión del riesgo. Duque Escobar, Gonzalo (2012) La Patria
      ¿Para quién la plusvalía urbana? Duque Escobar, Gonzalo (2013) La Patria. http://www.bdigital.unal.edu.co/12559/1/gonzaloduqueescobar.201419.pdf
      Pasar del cobro de valorización al de la plusvalía, el reto del POT. Por: OSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ A.  |   El Tiempo | 29 de julio de 2014, en: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/proponen-pot-de-medellin/14319735
      PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES. 2015-2027 http://alcaldiamanizales.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1018&Itemid=546&lang=es
      Plusvalía Urbana, Fuente de Financiamiento de Infraestructura: La Experiencia de Brasil y Colombia. Paulo Sandroni (2013) BBAA, In www.camarco.org.ar/File/GetPublicFile?id=1067
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      Reflexiones sobre el POT de Manizales. Duque Escobar, Gonzalo (2016). La Patria http://www.bdigital.unal.edu.co/51732/1/reflexionessobreelpotdemanizales.pdf
      Retrospectiva de la Constitución Política. Duque Escobar, Gonzalo (2016) La Patria, Manizales, Colombia. – http://www.bdigital.unal.edu.co/53197/1/retrospectivadelaconstituci%C3%B3npolitica.pdf
      Un nuevo modelo urbano. Duque Escobar, Gonzalo (2012) La Patria. - http://www.bdigital.unal.edu.co/9042/1/gonzaloduqueescobar.201245.pdf

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