Por Gonzalo Duque-Escobar
Los cuatro objetivos de la reforma a la Ley 30 que regula la educación pública en Colombia, como una iniciativa del gobierno que pasa por el legislativo, contemplan: elevar la calidad académica en las funciones misionales, reducir la deserción y favorecer la permanencia de los alumnos en el sistema, orientar la oferta académica a las demandas sociales, y hacer eficiente la gestión tanto de las instituciones de educación superior públicas como privadas, entre las cuales se contemplan ahora: Universidades, Instituciones universitarias, Instituciones tecnológicas, Instituciones técnicas profesionales y Escuelas tecnológicas. Solo que las fórmulas, además de desconocer avances del sistema y desmantelar la actividad investigativa, aprovecha la brecha de la cobertura para sacrificar los intereses de la Nación al fortalecer la educación privada como parte del presente y negocio del futuro.
Sabemos que en teoría económica deben interesar las consecuencias y nunca las causas que solo conducen al arte de suponer. Entonces, si las propuestas para el nuevo sistema de educación superior colombiano responden al desmonte del Estado solidario, al mirar la experiencia vivida con el sistema de salud que ya corrió la misma suerte, podríamos objetar esta política por conducir a una reforma regresiva e inconveniente, ya que el modelo que propone, si bien impulsa la componente formativa del sistema universitario y allana el camino para cerrar la brecha de continuidad entre la básica secundaria y la superior, al entregarle las dinámicas de la academia a las leyes del mercado también amenaza su calidad y desmantela la función investigativa en temas cruciales para el desarrollo, cuando estos no resultan económicamente rentables pero sí social y ambientalmente necesarios, haciéndolo sin importar que sobre ellos también descansa el proyecto de Nación.
El pecado de la Ley 30 considerado como un incentivo perverso tanto para las universidades como para el gobierno según el ministerio de Educación, no es otro que garantizar la educación superior como una institución pública de calidad en la que también se genera un conocimiento estratégico a través del Estado, ejercicio que la teoría económica considera desleal para los intereses del mercado. Pero en el contexto social, económico y ambiental del país, y de cara a la soberanía nacional, esto resulta grave: basta mirar las diferencias en el desempeño de las Instituciones de Educación Superior colombianas cuando las califican según su capacidad y producción investigativa, donde las universidades públicas obtienen en conjunto y de lejos las mayores calificaciones, en comparación con las privadas.
Y como punto de partida coherente con esa política de privatización de la educación pública, mientras el ministerio de educación se declara ahora complacido con el nuevo presupuesto de $160 mil millones asignado a la educación pública para el 2011, al examinar su estructura las directivas universitarias con toda razón encuentran insuficiente e inconveniente la partida correspondiente a los gastos de funcionamiento, ya que continúa congelada así el ministerio de hacienda la justifique con el argumento de que dichas instituciones pueden administrar mejor este dinero, desconociendo lo que se ha logrado en los últimos años. Preocupa también que otras partidas: $70 mil millones para un fondo del Icetex destinado a aumentar la oferta de cupos y $30 mil millones para la actividad investigativa que irán a Colciencias, sean recursos que se ejecutarán por la vía de la demanda.
Entre tanto, consientes de que la universidad pública colombiana está en peligro como consecuencia de una propuesta gubernamental que no favorece el cumplimiento de su misión y que la condena a no crecer en virtud de un presupuesto cuyos objetivos financieros desconocen sus logros y necesidades, quitándoselos para destinarlos a satisfacer la racionalidad del mercado que ha incursionado en el sector educativo, entonces de conformidad con lo que señala el Rector de la Universidad Nacional de Colombia, Profesor Moisés Wasserman las universidades estatales estudian una contrapropuesta estructural que contemple, entre otros aspectos y pensando en el interés de la Nación, el crecimiento de los cupos de las últimas décadas, la necesidad de construir infraestructura para brindar una oferta de calidad, la renovación tecnológica y el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la planta profesoral.
Desde el OAM, Ed. Circular RAC 603
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales
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Relacionados:
Proyecto de Ley para la reforma CLICK AQUÍ
(2009) La sangría intelectual de la Universidad Pública, en:
http://www.bdigital.unal.edu.co/2717/1/gonzaloduqueescobar.200913.pdf
(2011) El ocaso de la Universidad Pública, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/3202/1/gonzaloduqueescobar.20113.pdf
