Entra en apogeo la segunda temporada invernal para la región andina colombiana, ahora con patrones oceánicos y atmosféricos que reflejan el regreso de las condiciones de La Niña, para cobrar las condiciones de vulnerabilidad ambiental en diferentes zonas del país reconocidas como de alto nivel de amenaza a los diferentes eventos hidrogeológico, tales como inundaciones rápidas y lentas que llegan a los escenarios costeros y llanuras orientales, y movimientos de tierra como deslizamientos y flujos de tierra o lodo propios de la Región Andina y la Sierra Nevada de Santa Marta, hechos que se constituyen en severa advertencia sobre la urgencia de avanzar en el conjunto de acciones posibles, gracias a las nuevas políticas del ordenamiento en Colombia, sabiendo que la problemática pasa por temas como la deforestación generalizada de cuencas e invasión de vaguadas y humedales. Al respecto, debe señalarse que la causa primera de semejante tragedia, no es otra que el calentamiento global como factor determinante del cambio y exacerbación climática del planeta, fenómeno que se expresa en un incremento de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos.
Y aunque solo se estén dando unas condiciones que apenas alcanzarían los niveles propios de un fenómeno de La Niña leve, que podría evolucionar a La Niña moderada, ya se conoce un balance que contempla 25 departamentos colombianos afectados a partir del primero de septiembre, consecuencia de un invierno que ha causado 83 inundaciones, 58 vendavales, 19 inundaciones y 2 avalanchas en todo el territorio nacional. Aún más, esta temporada invernal que deja a la fecha 80 mil damnificados, también ha cobrado 26 vidas humanas en toda Colombia. Al respecto, debe recordarse que, aunque las dos últimas temporadas ENOS. La Niña del 2007/08 y la Niña del 2010/11, fueron intrínsecamente similares, los desastres invernales generados en cada caso fueron muy diferentes: aunque la duración de cada una fue 10 meses, y las anomalía térmicas sobre el Pacífico tuvieron valores promedio casi similares (de -10,5° C y de -11,5° C, respectivamente), en la segunda de ellas hubo una catástrofe sin precedentes: si en La Niña 2007/08 hubo varias decenas de miles de damnificados distribuidos en algo más de un centenar de municipios colombianos, en La Niña 2010/11 la cifra de damnificados fue de dos y medio millones, con daños severos en varios cientos de municipios, de los cuales cerca de treinta cabeceras municipales que resultaron inundadas o con corrimiento del suelo exigen reasentamiento. Es el caso de Gramalote, el pueblo fantasma de Santander que la tierra se fue tragando.
Pero frente a esto, el Estado colombiano ha creado instrumentos idóneos, además de coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo, donde el tema se constituye en eje fundamental y se implementan tres estrategias: Gestión Ambiental, Gestión del Riesgo y Emergencia Invernal. Solo que la magnitud y naturaleza del problema exige cambios, que no sólo se relacionan con una cultura de planificación ambiental, social y económica permeable a una prevención de desastres que esté soportada en acciones estructurales de adaptación ambiental, sino también con un cambio del actual modelo de desarrollo a nivel mundial, dado que los presupuestos en que se soporta este surgen del consumo desmedido que compromete unos recursos naturales absolutamente limitados, e incorpora prácticas ecológicamente inconvenientes para los ecosistemas y los pueblos más pobres del planeta.
No pareciendo fácil actuar sobre lo segundo, por lo menos en Colombia apliquemos a fondo el Decreto de Emergencia Nº 144 del 21 de enero de 2011 para los Planes Municipales de Reducción de Riesgos, dado que gracias al fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres SNPAD donde se crea un ente de mayor jerarquía y proyección con la Dirección General del Riesgo, además de la incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Desarrollo a la luz de la Ley 152 de 1994 y la expedición de la Ley 1454 de 28 de junio del 2011 para el ordenamiento territorial, podemos decidir cuanto antes las acciones necesarias de planificación participativa y gestión concertada de los desastres, para que resulte viable la adecuada Gestión del Riesgo al ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial para el ciclo 2012-2024, con el concurso de las CAR y de los entes territoriales involucrados en cada caso.
Desde el OAM, Editorial Circular RAC 630
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales
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Imagen en: elcolombiano.com
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