Gonzalo Duque-Escobar *
El PIB colombiano que se concentra en el
medio urbano, anuncia una brecha de productividad entre ciudad y campo, que se
traduce en unos precarios ingresos de los productores rurales, varias veces
inferiores a los de la economía de la ciudad. Según la Cátedra Manuel Ancízar
de la Universidad Nacional de Colombia, dicha relación es de seis a uno.
Además, los ingresos de los subsectores arrocero, cebollero, papero, cacaotero,
productor de cítricos y lechero, por haber sido el comodín de los TLC, caerán
entre un 25 y 50 por ciento
La causa que parte de un modelo económico
pensado para los actores sociales privilegiados del sector agroindustrial, se
relaciona con incumplimientos gubernamentales, importaciones y contrabando de
productos que atentan contra la autosuficiencia alimentaria, negación a
diálogos para concertar precios de insumos agropecuarios y, sobre todo, con la
ausencia de políticas públicas que abriguen la producción rural y el bienestar
del campesino colombiano.
El sector cafetalero colombiano, que siendo
una producción agroindustrial, y como tal un bien que no entra a la esfera de
la producción rural por no gozar del carácter artesanal, a pesar de haberse
consolidado como clúster, sufre las consecuencias del deterioro de los términos
de intercambio y la revaluación, además de la crisis por la incapacidad de la
dirigencia del gremio que en los últimos tiempos actúa como extensión del
gobierno de turno.
Lo anterior, resultado de una política
cafetera errada, que centró sus esfuerzos en la esfera de la producción creando
a Cenicafé, pero cometiendo el error de incursionar en distractores (Aces por
ejemplo), en lugar de emplearse a fondo en la transformación del "grano de
oro" y mercadeo de sus subproductos con valor agregado, dejando espacios
para que terminaran Alemania e Italia, en su orden, siendo los primeros países
productores de cafés soluble y de gamas de café de buen sabor, en el mundo.
Similar situación viven los mineros artesanales
olvidados por el Estado colombiano: tras el desmonte del modelo keynesiano,
conforme Ecominas da paso al neoliberalismo y la suerte del minero queda al
vaivén de los precios internacionales del preciado metal, florecen las
contradicciones sociales y ambientales que hoy tocan fondo en un ambiente de
especulación, amparado en una política de concesiones dispuesta a sacrificar,
además de ecosistemas y cuencas abastecedoras de agua, el patrimonio material e
inmaterial de comunidades afrodescendientes e indígenas, caso Marmato.
Ahora, como evidencia
de una flaca política para el campo en Colombia, donde el PIB agropecuario
pierde participación al pasar del 25% en 1970 al 9% en 2008, aunque en términos
absolutos la dinámica muestra crecimiento gracias a su inserción en la
agroindustria y las exportaciones, preocupa que en un presupuesto de $185,5
billones aforados para el 2013, mientras el Ministerio de Defensa se proveía
con $12,6 billones, el de Agricultura recibía $1,6 billones; aún más, que en el
presupuesto global del 2014 estimado en $199,5 billones, el sector agropecuario
sufrirá una reducción del 32% respecto a la apropiación del 2013.
Hasta acá, una base
que conduce a explicar los paros como una justa expresión de campesinos, cuya
problemática se relaciona con precios no remunerativos para sus artículos,
impactos asociados a los eventos de La Niña 2010-11, ausencia de créditos
subsidiados y altos costos de los insumos, además de problemas estructurales
más complejos como la ausencia de políticas de ciencia y tecnología para elevar
la productividad del agro, blindaje para los pequeños productores en un mercado
de capitales y de insumos agropecuarios, drogas y fertilizantes controlados
mediante prácticas monopólicas, las exigencias del sistema de certificación de
semillas, las barreras por permisos para cosechar madera, además de una red
terciaria cuyo mantenimiento descansa en los precarios presupuestos de
municipios desfinanciados.
Así las cosas, la
solución a las reivindicaciones tendrá que contemplar objetivos estructurales, similares
a la restitución de tierras, como buscar la equidad y cerrar la brecha de
productividad, además de medidas coyunturales para dignificar al campesino
recobrando su confianza en un ambiente turbio, dados los efectos de graves
inconsistencias como haber desconocido el paro y oscilado en el manejo entre
amenazas frente a justos reclamos y concesiones asistencialistas por medidas de
hecho, equivalentes a malversar recursos públicos.
* Profesor
Universidad Nacional de Colombia. Http://galeon.com/cts-economia
[Ref: La Patria, Manizales, 20130902]. Imagen de Jorge Silva (Cauca), en: johansenkristina.wordpress.com
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