Por Gonzalo Duque-Escobar
El 4 de Julio de 1991, al firmarse en Colombia
la reforma fundamental a nuestra carta máxima, fruto de un consenso entre
partidos, pasamos del Estado de derecho de 1886, a un Estado social de derecho,
en el que se consagran además de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
otros derechos económicos, sociales y colectivos, y varios mecanismos como la
tutela y las acciones populares para asegurarlos, creándose al tiempo la Defensoría
del pueblo como un instrumento para velar por los derechos humanos.
Como antecedente lejano, si tras la crisis de
los años 30 habíamos abandonado el modelo agrario e incursionado en el de
sustitución de importaciones bajo los preceptos Capelinos, más adelante
facilitamos la dictadura de Rojas para enfrentar la violencia política, y en
1957 mediante un plebiscito creamos el Frente Nacional como una coalición
bipartidista, para modernizar el Estado. Pero en los 90, con la presencia
guerrillera y los aires de la modernidad, era evidente que el fin no se había
alcanzado: pese a los cuatro gobiernos que se repartieron el poder, el Estado
no logró crear las condiciones para fortalecerse, resultando así un
“para-estado” que lo sustituyo conformado por quienes ejercían la justicia por
su propia mano y por organizaciones que lo cooptaron, además de la presencia de
actores armados.
Fue entonces cuando las dinámicas de la
apertura económica facilitaron una nueva reforma constitucional para adecuar el
Estado, dándose de paso el cambio de la democracia representativa por la
participativa, al consignar en ella novedosos elementos como el respeto por las
minorías étnicas, la libertad de cultos y la equidad de género, y diferentes
mecanismos de participación democrática como la consulta popular, el
plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la
revocatoria de mandato. Y en materia de derechos ciudadanos, se crearon la
acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de legalidad, las acciones
de grupo, el derecho de petición, e instrumentos como las juntas de
vigilancias, veedurías ciudadanas, y audiencias públicas, al tiempo que se
estableció que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
También ha habido reformas sustantivas a la
carta: la transferencia de recursos a las entidades territoriales, la
expropiación de bienes sin indemnización por razones de interés social, la
extradición de nacionales por delitos cometidos en el exterior, la expansión del
régimen pensional para incluir a casi toda la población, la pérdida de derechos
políticos por delitos contra el patrimonio del Estado, y la reelección
presidencial inmediata, entre otros.
Ahora, si en materia económica se crearon las
bases para dar paso a la economía de mercado bajo los preceptos del modelo
neoliberal, al admitir que el Estado enajenara o liquidara sus empresas
monopolísticas que no cumplan los requisitos de eficiencia, así promoviera la
democratización de la titularidad permitió otorgarle a terceros el desarrollo
de su actividad económica. Entonces, al desmontar el Estado Keynesiano, esta
vez pudieron más el modelo neoliberal y la apertura económica, que el carácter
democrático de la Constitución; a modo de ejemplo, basta ver los efectos de la
Ley 100 de 1993 sobre la salud, las pensiones y los riesgos profesionales, que
desdiciendo del espíritu solidario de la carta incorpora una política social
subsidiaria y neoliberal, en beneficio de organizaciones empresariales de
intermediación (EPS, IPS, ARS y ESE).
Posiblemente, tras el cambio de modelo
económico incorporado, aunque algo se ha logrado con la Constitución Política,
el capitalismo salvaje parece haber podido más que la consagración de
principios como la solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, toda vez
que a partir de los años 90, la institucionalidad del “para-estado” actuando
con expresión militar, social, política y económica, ha prosperado y se ha
acentuado como nunca en la historia del país. Basta escuchar las noticias sobre
la muerte de niños Wayuu en Guajira para saber de la corrupción a través del
soborno, la adjudicación indebida de contratos, el clientelismo y el desvío de
recursos públicos; de la confrontación armada entre las FFAA y guerrillas para
entender el flagelo de legiones de campesinos desplazados sin tierra que cargan
las huellas de la violencia; o de la tragedia de líderes y reclamantes de
tierras en Montes de María y Urabá muertos o afectados por presiones,
hostigamientos y amenazas.
Profesor Univer5sidad Nacional de Colombia http://galeon.com/cts-economia [Ref.; La Patria. Manizales, Julio 2016.08.02] Imágenes en
palabrasalmargen.com
y www.urnadecristal.gov.co
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