Por: Gonzalo Duque-Escobar*
La relevancia social y política de la minga sustentada
en temas de seguridad para las comunidades indígenas del Cauca, y que luego de
un infructuoso intento de diálogo con delegados de la Comisión del Gobierno
Nacional en Cali, avanza hacia Bogotá como protesta social amparada por la
Constitución, puede palidecer ante la incertidumbre del diálogo que se pretende
sobre temas de vida, paz, democracia y territorio, y su confluencia con el Paro
Nacional convocado para el próximo 21 de octubre; todo por no haberse frenado a
tiempo por el presidente Iván Duque y no resultar suficiente el acuerdo de las
organizaciones indígenas con el Ministerio del Interior, sobre la consulta
previa frente al Sistema de Regalías.
Dicho marchitamiento de la marcha al tener que continuar
ahora con aproximadamente 3 mil nativos de diferentes etnias del sur occidente
de Colombia, de entre unos 8 mil miembros que participan de la minga indígena
iniciada el pasado 14 de octubre, tiene como antecedente un movimiento de
movilización y protesta soportado en una serie de marchas por la reivindicación
de los derechos humanos, realizadas en 2008 por decenas de miles de indígenas
de etnias distintas, principalmente Nasa, que se desplazaron desde Santander de
Quilichao hasta Cali, lugar desde donde muchos partieron a Bogotá, tras no
lograr acuerdo con el entonces presidente Álvaro Uribe durante un debate
realizado en Piendamó.
“Marchamos porque nos están matando”, dicen esta vez
los mingueros, quienes además de exigirle al Gobierno respetar la movilización
y no realizar actos de provocación, hacen un angustioso llamado a que no se
estigmatice el movimiento recurriendo a la criminalización de la protesta
social mediante información y mensajes tendenciosos, desplegados a través de
diferentes medios de comunicación y redes sociales, ya que esta movilización
acompañada de ritos ceremoniales y otros actos culturales al interior de sus
resguardos, y que se produce en defensa del territorio, la democracia, la
dignidad y la paz en medio de una crisis social y humanitaria que se agudiza,
tiene como eje rechazar asesinatos de líderes sociales, masacres y
desplazamientos.
No obstante, aunque las organizaciones indígenas
reiteran que el Gobierno no les ha cumplido los compromisos adquiridos, y su
movimiento cuenta también con la participación de otros sectores sociales como
organizaciones campesinas, comunidades negras y movimientos estudiantiles, algunos
miembros de la prensa, tras declarar imprudente e inoportuna la movilización
programada por la minga, argumentando que dada la pandemia, ni las pretensiones
materiales que afecten la recuperación económica en un escenario de crisis, ni
la marcha como una actividad masiva que se traduce en riesgo para la salud
humana, la justifican; máxime cuando el Gobierno Nacional ha atendido sus
reivindicaciones territoriales y culturales, en lo posible, según ellos.
Pero siendo de todos sabido que la estremecida región
del suroeste colombiano, continúa azotada por los grupos armados ilegales y el
narcotráfico, entre otras actividades criminales, ya que la violencia tiene
como combustible principal las disputas territoriales que libran disidencias de
las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles del narcotráfico,
a lo anterior responde el movimiento, que la minga indígena no va detrás de la
plata, sino por el diálogo, pidiendo que la paz se haga efectiva en todos los
resguardos y municipios del departamento del Cauca; de ahí que los mingueros
reclamen en justicia visibilizar su problemática, para encontrar protección
frente a las amenazas que buscan silenciar sus luchas.
A pesar de que los voceros de la minga insisten en un
encuentro directo con el presidente en un lugar abierto, argumentando que están
cansados de una violencia que deja un saldo de 76 comuneros indígenas
asesinados en 2020, de un abandono estatal que suma décadas en lista de espera
por las promesas incumplidas, y del rechazo del Gobierno a dicha solicitud con
los argumentos de la seguridad y la concentración de miles de personas en alto
riesgo por la pandemia del coronavirus, la Defensoría del Pueblo, advirtiendo
los riesgos de contagio que supone una aglomeración de ese nivel, aunque no pondera
un alcance político sin precedentes de la minga, ha ofrecido facilitar el
encuentro entre el presidente Duque y unos 100 representantes de la minga en la
sede de esa entidad en Bogotá.
*
Profesor Universidad Nacional de Colombia [Ref.: La Patria, Manizales. 2020-10-19]
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