Las pirámides: una estafa consentida. Por: Jorge-Orlando Melo

Aumentar las penas por captación ilegal sólo servirá para delitos futuros: Lo urgente es perseguir y castigar a los que se quedaron ya con centenares de miles de millones de pesos. Y el gobierno no puede compensar a la gente por haber perdido la plata en un intento de estafa.


LAS PIRÁMIDES: UNA ESTAFA CONSENTIDA


Por: Jorge-Orlando Melo *

Las pirámides financieras, por definición, se exhiben como lo que no son. Los que las promueven tratan de disfrazarlas presentándolas como una operación normal, un sistema de inversión en proyectos de turismo, de promoción de venta comercial mediante tarjetas, o de algo por el estilo: lo que les importa es que las autoridades acepten el engaño y no los traten como captadores ilegales de dinero o como estafadores.

Las autoridades, como puede verse al repasar la inanidad de sus declaraciones en el último año, se hacen las que aceptan el argumento, y no ven la estafa donde está, y esperan a que culmine para intervenir. Como cierran una que otra captadora, pero dejan abiertas las otras, dan a los promotores el argumento para insistir ante los más ingenuos en que la operación de al menos algunas de ellas es legal y por eso el gobierno no las ha cerrado, como ocurre con la firma que podría llamarse “Dinero MáGico”, y que ha combinado operaciones comerciales con captaciones de dinero.

El remedio que no es

Aunque las leyes actuales permitían sancionar e impedir lo que estaba ocurriendo (1) -una estafa a plena luz y una captación ilegal que raras veces es escondida- las autoridades ahora hablan de aumentar las penas para la captación ilegal y de modificar las tipificaciones del delito. Pero saben muy bien que cualquier norma que se apruebe sólo se aplicará a hechos futuros, por lo que esto equivale a anunciar que no habrá mucho esfuerzo para castigar a los responsables por los hechos actuales, aunque en todas las declaraciones se insista en que el cambio de la ley es para poder sancionarlos. Cualquier solución oficial debe decir qué se va a hacer con los captadores que se quedaron con la plata hasta ahora, y no crear una cortina de humo prometiendo sanciones para los futuros delincuentes.

Además, si la ley actual permite unos castigos pequeños (condena hasta por 6 años por captación ilegal, independientemente de otros delitos que puedan acumularse como estafa, piratería económica, etcétera) no se entiende porqué se prefiere no aplicar esta sanción, aún si se da excarcelación, y esperar a que, dentro de varios años (pues este incidente servirá probablemente como vacuna, aunque seguramente con tiempo de vencimiento) surja otra ola de pirámides para aplicar la nueva ley que se expida en medio del pánico actual. (2)

Si las autoridades hubieran actuado sobre la base de que la apariencia es pura apariencia, y que normalmente el estafador dice que hace una cosa y hace otra, habrían cerrado las oficinas abiertas de captación y juzgado a sus promotores por lo que hacen - y no por el letrero o etiqueta que les ponen a sus oficinas. En un país en el que se necesitan papeles y papeles para abrir una tienda para vender jugos, las pirámides tienen todos los registros legales en las Cámaras de Comercio y abren sus oficinas con la facilidad de los que tienen amigos (¿e inversionistas?) en todas partes (3).

Estafados-estafadores

Los que llevan su plata a estas empresas también tratan de presentar lo que hacen con otro nombre. En el fondo, todos saben que lo que buscaban era participar en la estafa que estaba en marcha: los que llegaran de últimos iban a perder su plata, que se repartiría entre los promotores del negocio y los que se les asociaran oportunamente.

Todos saben cómo funciona la estafa, en su forma más simple (4): los que llegan temprano ponen su dinero y empiezan a recibir grandes beneficios con el dinero que van trayendo otros. Los que reciben pagos cuentan maravillas a sus amigos y conocidos, confirman que han recibido pagos, y a veces, si creen que habrá suficientes incautos para mantener el ritmo, vuelven a invertir su dinero. Finalmente, como el sistema requiere que se multiplique aceleradamente el número de jugadores, comienza a hacerse difícil conseguir dinero nuevo (5).

Apenas la fila comienza a disminuir –es decir cuando los pagos que hay que hacer empiezan a acercarse en valor a los ingresos de los nuevos ingenuos- los promotores preparan la desaparición y se llevan los pagos de las últimas rondas. Los que buscaban participar en la estafa y no alcanzaron a beneficiarse de ella se presentan entonces como víctimas, engañados por unos negocios que les pintaron como atractivos, e incluso se consideran perjudicados por la publicidad negativa de la prensa o las declaraciones de las autoridades, o dicen que creían que todo era legal porque el gobierno dejaba que funcionaran a pesar de todas las advertencias y declaraciones. Buena parte de la plata (pero probablemente menos del 30% del dinero) queda en manos de los depositantes que se asociaron a la estafa y alcanzaron a cobrar (probablemente menos del 10% de personas, pues parecen haber predominado las pirámides simples, sin comisión por reclutamiento) pero para los últimos, que esperaban hacer parte del círculo selecto de los que lograban coronar la estafa, los únicos ladrones son los promotores.

El pretexto de los bancos

Por supuesto, hay teorías más peregrinas, algunas de las cuales hacen parte del esfuerzo por darle ambiente al negocio. Muchos creen que si las autoridades no interfirieran, el negocio funcionaría, e interpretan las advertencias y prevenciones como un esfuerzo por proteger a los bancos, que cobran por sus servicios, pagan bajas tasas de interés y les cobran a los que les prestan. Según esto, se trataría de evitarles a las entidades bancarias la competencia de estos honestos mecanismos de inversión, limitando a los pobres su sagrado derecho a poner el dinero en sitios donde les paguen más que en los bancos.

Para los defensores de las pirámides, en nuestro capitalismo salvaje y neoliberal hay que respetar el derecho de los pobres a que los tumben y les roben: en los bancos les cobran algunas comisiones que pueden ser algo abusivas, pero les cuidan la plata, de modo que hay que permitir que la lleven a donde les prometen darles más pero con seguridad les quitan casi todo lo que entreguen (6).

El cuento del lavado

Cierran entonces los ojos a la obvia verdad de que no existe en Colombia negocio que dé legalmente siquiera una parte del interés prometido, y para explicar esto inventan otras explicaciones, que desafortunadamente tienen acogida en autoridades y medios de comunicación poco avisados. Para mantener la credibilidad de estos esquemas es preciso dar alguna idea difusa de que hay dinero real que llega de alguna parte, o inversiones productivas indeterminadas, inversiones en divisas, arbitraje de tasas de cambio, turismo, o algún otro negocio. En Colombia lo más convincente para atraer clientes es sugerir que es un mecanismo para lavar dólares de la droga- pues se tiene la memoria de las inmensas fortunas que ese negocio acumuló y de la conducta a veces irracional y generosa de los capos- (7).

La idea no tiene lógica, aunque en algunos casos puede darse, y sirvió para proteger a los inversionistas de las investigaciones por lavado de activos o estafa: si yo tengo millones de pesos recibidos por negocios de droga, existen muchas maneras de lavarlos menos costosas y llamativas que regalarlos al público. El contrabando, la compra de finca raíz, convierten mis dólares sucios rápidamente en bienes normales, con poco costo. Pedirle a la gente 1.000 millones para darles 2.000 con el objeto de lavar mi dinero sería incomprensible, el lavador se quedaría sin su plata, y estaría poniendo un negocio que atrae inmediatamente la mirada, por miope y lagañosa que sea, de la Fiscalía, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, o las demás autoridades que controlan los activos dudosos.

No importa de dónde salga el dinero, nadie ha explicado por qué se le puede ocurrir a quien lo tiene regalárselo a los ciudadanos, y en cantidades infinitas: si hay dos billones en estos momentos en manos de los captadores de recursos, esto quiere decir que el próximo pago que deben hacer a los depositantes (si la tasa de interés es del 100% por ciclo) es de cuatro billones. Que los tengan es impensable, de manera que la única manera de pagarlos sería conseguirlos con nuevos depositantes. Pero entonces tendrían que conseguir 8 billones para el siguiente pago, y así sucesivamente.

Todas esas explicaciones sobre el narcotráfico, dadas por el Embajador de los Estados Unidos, el Fiscal, el Director de la Policía Nacional, los ministros del ramo, la policía, los periódicos, simplemente ayudaron a esconder la naturaleza central del negocio, que era una simple estafa, en la que el tiempo es esencial: el estafador que arriesga su dinero se convierte en estafado si no se retira a tiempo.

Investigar a los depositantes

Por eso, las mismas autoridades que miraron impotentes mientras la estafa crecía y se expandía por todo el país, no saben qué hacer ahora. En muchas noticias se hablaba, desde hace varios meses, de investigar a los depositantes (8). Esto se refería en primer lugar a si habían pagado impuestos sobre lo que depositaban. Por supuesto, esto puede producir algunos resultados. Pero muchos depositantes, imitando a los inversionistas de Wall Street, se apalancaban y hacían el “carry trade”: buscaban préstamos en los bancos o en otras fuentes para invertir donde el rendimiento es mayor (9). Lo que puede resultar pues no es que se logre cobrar mucho impuesto nuevo sino que haya que reconocer que mucha gente redujo sus activos y aumentó sus deudas.

Y además se quería investigar –y esta era la obsesión testaruda del Fiscal- si la plata depositada tenía aromas de coca, por supuesto muy difíciles de detectar y en general, bastante improbables (10).

Podría ser que se estuviera pensando también en investigar a los depositantes como presuntos cómplices en la estafa, pero no diría mucho de la inteligencia de los organismos de inteligencia que, cuando prácticamente reconocen que no han sido capaces de investigar a los promotores, decidan dispersar sus esfuerzos para perseguir a los centenares de miles que intentaron participar en este esfuerzo de tumbar a sus compatriotas, a menos de que busquen enredar y hacer más remota la investigación de los promotores originales (11). Y si es tan baja la sanción para los cerebros que inventan y organizan el negocio que las autoridades renunciaron en la práctica a perseguirlos (así ellos se hayan quedado más o menos con las tres cuartas partes, o algo más, de lo que se perdió, repartida entre unos pocos empresarios) es imposible sancionar a los depositantes, aunque algunos de ellos, los que se salieron antes del colapso, se hayan quedado con el otro pedacito.

Cultura del avivato

Por otra parte, sancionar a los depositantes, aunque hayan sido cómplices en el negocio, puede estar de acuerdo con la letra de la ley, pero va demasiado en contra de la cultura del país. En todo el mundo la gente prefiere ser rica a ser pobre, y nadie rechaza el dinero que se puede ganar fácilmente. Pero en Colombia estos últimos 50 años nos han acostumbrado a ser más tolerantes con los avivatos (12), a aceptar el dinero no sólo cuando es fácil sino cuando es ilegal, e incluso a celebrar el ingenio local, esa “astucia casi sobrenatural, tan útil para el bien como para el mal” de que habla García Márquez en un bello y equívoco texto (13). Hasta los que quieren promover estas aventuras se apoyan de frente en esta cultura: la empresa cerrada el 12 de noviembre, DRFE, incluye en su sigla la de Dinero Fácil (y Efectivo y Rápido).

En defensa de los pobres

Y el éxito de muchos de los que han convertido la corrupción en un arte de alta sofisticación produce resentimiento: muchos colombianos se preguntan por qué, si tanta gente ha hecho su dinero con contratos dudosos, negocios con el Estado, son los pobres y las clases medias bajas, las que reciben censura cuando quieren conseguir dinero, mientras se rechaza poco a los ricos y grandes empresarios por querer tener más dinero, y ojalá dinero muy fácil.

Y los economistas muestran que la única manera de que las empresas privadas o públicas puedan conseguir buenos gerentes es pagándoles 50 o 100 veces más de lo que se considera apropiado para la mayoría de sus compatriotas. Por supuesto, cuando uno nombra a alguien que no puede vivir sino con 30 ó 40 millones de pesos al mes, probablemente escoge una persona muy hábil para ganar mucho y rápido, pero se arriesga también, pues los que prefieren el dinero rápido para la empresa pueden preferirlo también para ellos, como lo mostraron los casos norteamericanos de Enron a hoy.

En todo caso, si el billón que, supongamos, se están embolsillando los 10 o 15 promotores de la estafa no es recuperable, más difícil será recuperar los 50 o 100 millones que se ganaron 10.000 ó 15.000 depositantes, y se percibiría como un acto inaceptable de injusticia social. La idea pues choca demasiado con nuestra cultura, aunque esté tal vez respaldada por la ley, y los funcionarios que la promueven están haciendo lo normal: anunciando lo que no van a hacer mientras tratan de adivinar qué hacer.

Indemnizar a los perdedores

De todos modos, si es absurdo investigar, procesar e intentar meter en la cárcel (o incluso excarcelar) a 100.000 o más depositantes (14), más absurdo sería tratar de darles cualquier forma de ayuda o compensación con los dineros de los contribuyentes. Los que no quisieron asociarse a la estafa no tienen por qué terminar pagando indemnizaciones a los depositantes, que se quejan de que fracasó su intento de tumbar a otros y terminaron tumbados. No se ha creado todavía ninguna figura similar a un seguro que quien fracasa en el intento de estafar cobre una prima que lo compense, recuperando los gastos en que incurrió.

De modo que hay que confiar en que a nadie se le ocurra la tontería de darles plata del estado, es decir plata de los que no se asociaron al negocio, a los que perdieron en él. Si este criterio se impone, con mayor razón habría que devolverles a los que juegan en una ruleta o en el baloto lo que perdieron, pues al menos en ese tipo de lotería cada uno conoce las reglas del juego y las probabilidades

La teoría de la Corte

Por supuesto, la justicia colombiana es particularmente barroca e imprevisible, desde que la interpretación puede independizarse y volar a miles de metros de altura de lo que dicen las normas. Un fallo reciente de la Corte Suprema determinó que no constituía estafa engañar a alguien cuando el engañado tenía los conocimientos y los elementos que le habrían permitido advertir que se trataba de una estafa: si yo le vendo un carro amañado a un mecánico, y logro que no se dé cuenta, no es estafa, porque los mecánicos deben reconocer un carro reconstituido; si hago unos billetes tan bien hechos que los cajeros no advierten que son falsos no habría, según este razonamiento, ningún delito.

Por supuesto, la idea me parece inaceptable, pues da un premio al ingenio declarando inocente al que se vuelve tan hábil o mejora la técnica de la estafa hasta el punto de engañar al conocedor. Pero aludo a esto porque probablemente este fallo servirá para probar que todos los que pusieron la plata en estas loterías, que se basan en tumbar a los que lleguen tarde, sabían lo que estaban haciendo, y no podían ignorar lo que estaban haciendo y el riesgo que corrían. Lo que tendría dos efectos. Los promotores del negocio no tendrían ninguna sanción por estafa, porque los que perdieron la plata tenían la información que les permitía entender que los iban a tumbar. Y los estafados no podrían reclamar nada, porque no fueron víctimas de ningún delito.

Mejor los bancos

Los bancos pueden parecer un sitio muy inadecuado para guardar la plata porque no pagan mucho a los depositantes: para pagar intereses altos tienen que cobrar intereses mucho más altos a los que les presten, y ahora eso está difícil. Pero como dice la portera de mi edificio, con sabiduría muy superior a la de Joe the Plummer, el plomero famoso de la campaña presidencial de Estados Unidos: “Dios y un banco”.

Nota- Los datos y frases textuales provienen en lo fundamental de El Tiempo, El Espectador y Semana.

[16.XI.08]

(1) Durante todo el año el gobierno y la Fiscalía insistieron en que las leyes eran inadecuadas. Sin embargo, en septiembre de este año un juez de Villavicencio, acogiendo la tesis de un fiscal, condenó a Flor Marina Romero, representante de People Winner, a 9 años de prisión, por “piratería económica”. Son los únicos héroes reales de esta historia. Y en todo caso, el Código Penal permite condenar a penas de prisión de 2 a 6 años por lavado ilegal de activos (artículo 316). Es incomprensible que alguien pensara que era preferible sacar una ley nueva a aplicar la vigente. Una búsqueda del código seguramente habría permitido encontrar otras figuras, y valía la pena intentar la acusación congruente por “estafa”, a pesar del riesgo de que se aplique la doctrina de la Corte Suprema que hace depender la estafa de que las víctimas no fueran capaces de advertir lo que les iba a pasar. (Más o menos hay que probar que son intelectualmente inferiores al estafador: sentencia 28693, junio 10 de 2008). El Presidente Uribe no tiene dudas de que se trata de una estafa: "Yo prefiero que me digan que soy un presidente temerario, en lugar de quedar aquí como un tonto viendo como a mis compatriotas los están estafando". El Superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz, desde febrero, explicó claramente que lo que había encontrado eran pirámides y captaciones ilegales, y que todo eso era estafa. Pero la Superintendencia Financiera dice que investigó 230 presuntos captadores, y apenas pudo “intervenir” cuatro. La intervención usualmente era una orden de que devolvieran el dinero captado y no pecaran más, pero sus efectos no eran muy contundentes.

(2) El tiempo de validez de la vacuna puede ser muy breve, desafortunadamente. Los mismos sitios donde fue más fuerte la pérdida a comienzos de 2008 (Boyacá, Huila y Nariño) parecen ser los que más volvieron a caer. Quizás, contra lo que uno esperaría, la experiencia de una pirámide no deja a la población vacunada sino proclive a la recaída.

(3) Parece que los agentes de la policía tienen una mentalidad que los atrae bastante a este negocio. En octubre cayó una pirámide en Bogotá en cuyo manejo participaba un policía que trabajaba en el Congreso. Según la prensa, los policías que cuidaban a los padres de la patria perdieron 1.200 millones de pesos. En los Llanos Orientales, en febrero de 2008, se descubrió una cadena que era manejada por una suboficial. Afortunadamente, según explicó el comandante de policía del Meta, “lo había hecho a título personal, sin comprometer a la institución”.


(4) Hay algunos modelos más complejos, en los que se pide a cada depositante conseguir un número determinado de clientes nuevos, o vender productos a lo largo de la cadena, o recibir parte del beneficio en bienes, pero estos son disfraces del negocio, aunque a veces sirven para reducir el costo de los promotores y aumentar la tajada con la que se quedan. Si el bien que se vende con la tarjeta tiene un margen alto, la tasa de interés efectiva que se reconoce puede llegar a ser normal; en este caso la ilusión del interés hace que la gente no advierta que los precios son el mecanismo principal de engaño. La prensa no hizo ningún informe – o al menos yo no lo he visto- donde se analizara en detalle la forma de operación y de fijación de precios de las empresas que dan gran importancia a esto, y por lo tanto es difícil estar seguro de lo que estaban haciendo. En un caso extremo, si el margen es muy alto, lo que hay es un negocio comercial extorsivo que se disfraza de pirámide para atraer clientes. La duración de la pirámide está afectada por algunos de estos procedimientos, y depende en parte de la proporción de personas que sienten que el negocio es seguro y reinvierten sus ganancias: estos ayudan a aplazar la caída, pero a la larga hacen que los promotores obtengan una proporción mayor de las utilidades.

(5) Los promotores manifiestan un optimismo infinito. La dueña de People Winner, en febrero de este año, explicó a El Tiempo cómo era el negocio, que podía llevarla incluso a la política: “Este es un negocio que se sostiene entre más personas lleguen a diario. Algo parecido a lo que hacen los bancos. - ¿Y cómo garantizar que la gente no va a dejar de invertir? -En un país con gente tan pobre como Colombia nadie se va a cansar de ganar dinero. La gente mete un millón y a los tres meses, que reciba su dinero, reinvertirá. Nunca se va a acabar porque los ciudadanos siempre van a tener necesidades. - Después del respaldo que recibió el pasado viernes ¿ha pensado en lanzarse a la política? -Eso me han propuesto. Ya hay personas que me ven como la próxima alcaldesa.”

(6) Como bien lo explican algunos promotores, ellos saben que en todo caso la pirámide colapsa, pero si se cae temprano es culpa de los medios o del gobierno: “Todos sabíamos que la pirámide se iba a caer en algún momento, pero se cayó tan rápido por culpa de la bulla que hicieron los medios de comunicación que defienden a los bancos… La pirámide es la única forma en que los pobres podemos hacer plata en forma rápida. Si no se hubieran metido los medios, la pirámide pudo durar años”, explicó un promotor el 15 de febrero de 2008. En este caso el golpe habría sido más grande, pero un número más alto de pobres habría hecho plata tumbando a los otros pobres del país, y siguiendo la lógica individualista y capitalista, los miles de pobres beneficiados justifican los centenares de miles tumbados.

(7) El comandante de policía de Tunja, coronel Jaime Alberto Suárez Sierra, decía en mayo de este año que "Las personas que hayan recibido ganancias por los dineros que invirtieron en este tipo de empresas podrían ser investigadas por complicidad en lavado de activos, delito que tiene una pena de 8 a 16 años de cárcel". La misma lógica inversa de prioridades: en vez de perseguir a los promotores, que son pocos e identificables, porque no hay buenas penas contra ellas, metamos a la cárcel a los que hacen los depósitos, aunque sean centenares de miles y relacionarlos con dineros de la droga sea tarea hercúlea.

(8) Si el estado no investigó, tampoco lo hicieron los medios: nadie hacia las preguntas pertinentes, nadie trataba de describir en detalle y con precisión la operación del sistema. Ni siquiera las revistas que se especializan en esos juegos mandaron a nadie a que escribiera: “yo invertí en las pirámides” o “yo trabaje en una pirámide”. Debe recordarse, sin embargo, un editorial de El Tiempo del 3 de febrero, en el que se hacía la pregunta obvia, y que nunca tiene pierde en este país: “¿habrá que esperar a que los incautos ahorradores pierdan su dinero para tomar medidas?”

(9) La lógica es elemental, y se trata de conseguir la plata a un interés menor del que se va a lograr y ganarse la diferencia: si el interés era del 100% y se pudiera pagar, bastaba conseguir plata al 50% para el período de pago para ganarse el 50% sobre la inversión apalancada.

(10) Todo el año el Fiscal anunció que ya iba a coger a los de las pirámides por lavado. Por ejemplo en marzo de 2008 anunció que en los próximos días llamaría a los representantes de las pirámides a responder por lavado y que ¡era posible que extinguiera el dominio sobre sus bienes! Todavía hoy, 16 de noviembre, un investigador dice en El Tiempo que quiere “descartar o confirmar” si gente cercana a Chupeta metió plata y “si lo hicieron con el beneplácito de los socios de la firma”. Parece que ese investigador cree que en DMG le hacen una investigación exhaustiva a cada inversionista, y le revisan los antecedentes, la historia crediticia, la pertenencia a la lista Clinton, el paz y salvo tributario. Aunque sin duda mucha plata derivada del narcotráfico puede acabar depositada en estas empresas, buscarla es como perseguir a los restaurantes o a las salas de cine por lavar dinero al venderle boletas o almuerzos a los narcos. Y en todo caso, un funcionario del DAS declaró, ante el riesgo de que se hicieran filas pidiendo el certificado de antecedentes penales, que “no es necesario tener pasado judicial para invertir en estas entidades”. Sobre los vínculos de Chupeta y DMG ya todas las entidades interesadas habían dicho en mayo que los estaban investigando. Y seguirán investigando.

(11) Según el Presidente Uribe, la Fiscalía se ha negado durante dos años a investigar la captación ilegal, “con el argumento de que ellos no quieren investigar solamente el posible delito de captación ilegal y masiva de recursos, sino el delito de lavado de activos en algunas de esta ‘pirámides”. http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu16499-gobierno-admite-demoras-en-acciones-contra-piramides.htm. Esto parece increíble, pero es consistente con la lógica de la Fiscalía. Aunque hubiera alguno que otro beneficiario del narcotráfico que quisiera multiplicar su plata, hacer la búsqueda de ellos entre centenares de miles de inversionistas ingenuos era buscar una aguja en un pajar, y por eso lograron tan poco en esos dos años.

(12) En 1954 ya nos prevenía Alberto Lleras contra la “mesocracia intelectual que se está precipitando frenéticamente a buscar el éxito fácil, el dinero fácil, la política fácil, el amor fácil….” Volvió al tema en su crónica sobre “El Avivato” de 1979, “quien ha inventado todo género de trucos para burlarse del Estado, de todas sus reglamentaciones” y “corrompe una sociedad con una rapidez perniciosa, porque nadie cree que esté haciendo daño”.

(13) Gabriel García Márquez, “Por un país al alcance de los niños”, en Colombia al [sic] filo de la oportunidad, Bogotá, 1995, disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/educacion/etnoeduc/etno9.htm. García Márquez había escrito ya una nota sobre el “avivato” en El Heraldo, en 1950.

(14) Y lo mismo puede decirse de los asalariados de estas empresas. No tiene sentido tratarlos como criminales, aunque por supuesto sabían en lo que andaban. Es obvio que muchos lo habrían pensado dos veces antes de aceptar un empleo en algo que se llamara Estafas Rápidas Fáciles y Eficaces, y debían haber pensado si valía la pena, para conseguir trabajo, ayudar a tumbar a sus compatriotas.


16.XI.08

(*) J.O. Melo: historiador, ex director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, profesor de la U.N. y de la U. del Valle.