La Patria/ Opinion/ Rudolf Hommes / 2010-12-06 00
El peor error de política económica que se ha cometido ha sido no dotar al país de una infraestructura adecuada, dejar que se rezagara en comparación con toda América Latina, con excepción de Haití, y haber subordinando el futuro del país a las presiones de una clase política voraz, completamente desentendida de sus responsabilidades con la sociedad y con la historia.
A esto no se llegó por falta de recursos sino por mal gobierno. Carlos Caballero en el artículo que apareció en El Tiempo el sábado pasado destaca que el país ha malgastado durante las últimas dos décadas cerca de dos mil millones de dólares anuales provenientes de las regalías que no se ven reflejadas en obras esenciales concretas ni en bienestar público o productividad. Si el país no da el paso y reforma la Constitución para detener ese desangre, en el futuro se van a desperdiciar sumas que pueden llegar a ser cinco veces mayores a las que ya derrochamos por ese concepto. Las corporaciones autónomas regionales han capturado adicionalmente recursos del público en montos anuales que se acercan a los mil millones de dólares, y no han sido capaces de desarrollar zonas como la Mojana, que podría convertirse en una de esas locomotoras de exportación agropecuaria con las que sueñan curiosamente en Hacienda y no en Agricultura, ni de prevenir desastres ambientales como los que ha provocado este invierno en las riberas de los principales ríos y hasta en el altiplano.
Martin Wolf, un destacado columnista del Financial Times hace una defensa denodada de la necesidad de no sacrificar la inversión pública a las presiones de los planes de estabilización y corrección de excesos pasados ("Assets Matter More Than Debt, Noviembre 26 de 2010) en el que argumenta que hay que distinguir entre la deuda improductiva que es la que se utiliza para financiar gastos innecesarios y la productiva que es la que se requiere para invertir en infraestructura física y social. La primer es nociva, pero la segunda no lo es porque genera crecimiento y bienestar social. Si los recursos se inviertan en proyectos económicamente eficientes y productivos no se grava el futuro con deuda improductiva.
En nuestro caso, en el que se malgastaron cuantiosos recursos y adicionalmente se incurrió en deuda para realizar proyectos de inversión mal concebidos, mal adjudicados, mal ejecutados o concluidos a medias, el pecado crece exponencialmente, como el interés compuesto, porque se incurrió en deuda innecesaria, cuando había suficientes recursos (los de las regalías entre otros), y se invirtieron mal los unos y los otros. Es una receta infernal para condenar al país al subdesarrollo, pues no se trata de buscar la "prosperidad al debe", como en épocas de histórica frivolidad, sino la "improductividad al debe’ para alimentar un sistema político y un esquema gobernabilidad que nos lleva a la ruina.
No tenemos carreteras, puertos, distritos de riego, control de crecientes, diques, ríos comerciales porque faltaron recursos sino porque fueron utilizados para sostener un sistema político clientelista y corrompido que fomenta el estancamiento. El plan de desarrollo de este gobierno reconoce este problema pero la solución que ofrece de fortalecer el ministerio del Transporte y convertir en INCO en una Agencia como la de Hidrocarburos, no va a servir si no se recupera el control sobre la inversión pública. Si en la flamante Agencia Nacional de Infraestructura o en el Vice Ministerio de Infraestructura y Transporte van poner a las señoras de los congresistas que están en la cárcel a decidir en que se invierte o a quienes se favorece, como ya ha sucedido, mejor dejar así.
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