Por Gonzalo Duque-Escobar*
RESUMEN: Para comprender los conflictos
socioambientales de Colombia y orientar la gestión del hábitat, resulta
fundamental partir del derecho biocultural que ampara tanto a las comunidades
como a los ecosistemas del territorio, a la luz de las trascendentales
decisiones que ha tomado la Corte Constitucional sobre la materia. Un río o una
reserva en sí, no son el territorio, entendido éste como una construcción
social e histórica: si como hábitat, el Atrato, el Amazonas, el Orinoco y el
Magdalena con sus comunidades de pescadores, son territorios sujetos de derechos
bioculturales, mal haríamos definiéndolos como simples recursos objeto de
explotación, y no como bienes patrimoniales que solo admiten acciones
sustentables. Puesto que se trata de bienes inalienables que sólo pueden
cosecharse para no comprometer su integridad, ni su paisaje natural y cultural,
para prevenir la degradación del hábitat, se debe ordenar el territorio en el
marco de sus derechos bioculturales, dándole coherencia a las complejas y
frágiles relaciones dialécticas, de simbiosis y parasitismo, entre las
comunidades que lo habitan y los ecosistemas con su particular estructura
ecológica de soporte.
.
Habrá que repensar el tema de la gestión
y educación ambiental, de un lado, porque urge un plan para salvar el planeta
de las dinámicas de un modelo de consumo desmedido, que eleva la huella
ecológica a 2,7 hectáreas percápita, frente en 1,8 hectáreas de biocapacidad
del planeta por habitante; y también, porque entre otros factores de deterioro
del medio ambiente que explican la falta de agua que amenaza a 2.500 millones
de habitantes y el hambre que padece el 11% de la población mundial, gravitan
múltiples problemáticas que continúan acentuando la actual crisis humanitaria,
asociada a los impactos globales de la contaminación ambiental: de conformidad
con el informe de la Comisión Lancet sobre Contaminación y Salud (2017), las
pérdidas se estimaron en el 6,2% de la producción económica del planeta. En
Colombia, la cuantía que ascendió al 4,1% del PIB de 2015, fue el equivalente
al presupuesto que en 2017 se destinó para al sector de la educación y a 1,5
veces al de salud y protección social.
Ahora, si la demanda de alimentos en el
mundo continúa creciendo, y con ella la presión sobre los productos agrícolas y
sobre el agua a costa de la biodiversidad, entonces América Latina
probablemente tendrá que ser un importante proveedor global, porque algunas
regiones pobladas como India y China tendrán dificultades para producir sus
propios alimentos, razón por la cual deberemos prever nuevas dificultades para
el país, cuando en nombre del mercado empecemos a presionar nuestros recursos
para producir alimentos, tal cual lo venimos haciendo por décadas exportando
materias primas a la luz de un modelo extractivista. En dicha problemática,
gravitará la falta de una política pública ambiental y de un sistema de
indicadores de largo plazo, que en conjunto respondan a un plan concertado
dotado de estrategias que orienten la labor ambiental institucional, cuyo
objeto sea la sustentabilidad y preservación de nuestro patrimonio cultural y
natural, en bien de la Nación.
A modo de diagnóstico, estos cinco
hechos: 1- El que en Colombia, gracias a la ocurrencia de eventos asociados al
cambio climático que han afectado al 26% de su población, sea el país con la
mayor tasa de desastres Naturales en América Latina; 2- La inclusión en 2017 de
la Ciénaga Grande de Santa Marta en el Registro Montreux, reconocida
herramienta en la que están inscritos 48 humedales en estado crítico del mundo;
3- El vertimiento de carga contaminante concentrado en 150 municipios,
situación que según el Estudio Nacional del Agua afecta las fuentes hídricas de
ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta,
Villavicencio, Manizales y Bucaramanga; 4- El panorama desalentador de la
biodiversidad del país a causa de la deforestación, proceso degradador que
según el Instituto Alexander von Humboldt, amenaza a 2.700 especies de más de
50.000 que tiene Colombia; 5- El caso de Medellín con la contingencia ambiental
del aire, como emblema a nivel nacional de una contaminación que según el
Departamento Nacional de Planeación, se valoró en 15,4 billones de pesos
destinados en el 2015 al sector de la salud, y la cual se constituye en el
tercer factor generador de costos sociales, después de la contaminación del
agua y de los desastres naturales.
De este modo, por lo menos en Colombia
habrá que dejar de aplicar a los grandes males ambientales del país “medicinas”
insuficientes que no pueden corregir los desarreglos que aún progresan; para el
efecto: 1- En lugar de vincular a las campañas de educación a los
ambientalistas ya formados y a otros actores sociales no vinculados a los
conflictos, se deberá educar a quienes provocan los daños ambientales o están
sufriendo sus consecuencias, y también acudir a los agentes que tienen la
capacidad y responsabilidad de intervenir para asegurar una acción ambiental
eficaz; 2- Y en lugar de tratar temas insustanciales y superficiales mediante
campañas de educación ambiental desarticuladas del contexto, se deberá orientar
la gestión a la solución de los problemas más graves y urgentes del territorio,
constituyendo para el efecto una red sinérgica de actores sociales e
institucionales con capacidad política, para crear la conciencia ciudadana que
demanda la transformación social y ambiental del territorio.
* Profesor Universidad Nacional de Colombia y Miembro de la SMP de Manizales. http://godues.webs.com Documento para el Contexto de CTS de la U.N de Colombia. [Ref.: La Patria. Manizales, 2018.03.26] Imagen: Panorama para la biodiversidad continental de Colombia. Instituto Humboldt.
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