Por: Gonzalo Duque-Escobar
Si bien la firma del histórico acuerdo de la Habana
no es la Paz, si es una oportunidad para crear condiciones propicias que
permitan emprender los complejos procesos con que ésta se construye, a partir
de una aceptación colectiva y de un cambio de actitud personal, como
condiciones necesarias de soporte para las reformas estructurales, urgentes
pero de largo plazo, que resolverán las disfunciones socioambientales que se
han venido acumulando por más de medio siglo, como consecuencia de un Estado
débil y de un modelo económico que al cooptarlo con la reforma a la Carta de
hace 25 años, ha acentuado la inequidad, facilitado la corrupción y favorecido
la violencia que explica cerca de ¾ de millón de víctimas mortales y
más de cinco millones de desplazados, causados por el conflicto armado.
El solo hecho de un referendo que decide desde la
ciudad el problema que agobia el campesino al auscultar la opinión, fortalece
la democracia. Ahora, si pareciera que apostarle a no perpetuar el conflicto mediante
la vía del perdón no fuera importante, basta considerar las consecuencias de
unas relaciones asimétricas, en las que los pobres son cada vez más pobres y
los ricos más ricos, y en la que se advierte la brecha entre los colombianos
rurales y urbanos, lo que obliga a parar el conflicto armado para ubicar a las
personas en el centro del desarrollo, en vez de persistir con la vía de las
armas para mantener vigentes las políticas públicas que en beneficio del
Mercado vulneran los derechos humanos, en lugar de fortalecer el Estado
Social de Derecho.
Al examinar la fragmentación y la crisis social en
un panorama agravado por la impunidad presente en el ejercicio de impartir justicia, por la corrupción de quienes
usurpan la voluntad de los servidores públicos, por la inseguridad generalizada
que siembra temor y desesperanza en las personas, por la violencia en la
familia, en las escuelas y en el trabajo, y por la pérdida de confianza en las
instituciones y en las personas que las representan, queda claro que siendo
fundamental la desmovilización de la guerrilla, la Paz sólo es posible si
entre otros asuntos, además de atender la grave problemática
socio-ambiental , 1- se fortalece el Estado a través de la democracia mediante
la gobernanza y el fortalecimiento de la sociedad civil; 2- se armoniza el
desarrollo de los mercados internos sin doblegarlos al interés económico de las multinacionales; 3- se implementan reformas en las políticas
laborales afectando variables económicas y financieras; 4- y se desarrollan
políticas fiscales y monetarias que antes que conceder privilegios y
reprimarizar la economía, permitan incrementar la base tributaria para
financiar el gasto público destinado a programas sociales y a la construcción
de la Nación.
Definitivamente, porque sin la reforma de las leyes
que menoscaban el bien general, el empleo no crecerá conforme se dé el crecimiento económico, los devenires
económicos generarán
conflictos sociales y políticos, y el mal tiempo para la democracia afectará el
clima para La Paz que todos buscamos. Veamos:
Máscaras de guerra y paz (1)
En estos tiempos de grandes decisiones y cambios
fundamentales como los que supone la Paz que soñamos tantos colombianos,
naturalmente van saliendo dificultades surgidas del conflicto de intereses
entre las partes, como de la incapacidad consustancial de algunos actores
sociales con precario desarrollo conceptual. Las primeras de aquellas, por
regla general consecuencia de posturas antes veladas y ahora abiertas de
quienes tienen más poder del que merecen y que no desean perderlo, y las
segundas, fruto de una percepción limitada del mundo, la que se expresa en
desconfianza para actuar con acierto, por parte de una inmensa mayoría de
colombianos, que desafortunadamente beben mensajes cargados de pasiones y malas
intenciones, orquestados por los primeros.
Hace lustros escuchaba en mi Universidad al
respecto, de un importante académico de esos que sueñan con la construcción de
la Nación, la tesis anterior ilustrada con una magistral idea: el
establecimiento en que se soporta una sociedad, después de todo necesariamente
termina por cumplir su vida útil tras un ciclo de evolución, razón por la cual,
tras la intensificación de los conflictos surge la crisis y con ella la
necesidad de un cambio estructural. Una imagen para ilustrar la dinámica de
semejante proceso, es la de un espacio que estando atado a un ordenamiento
propio de su estado inicial, tras el surgimiento de una nueva sociedad y las
nuevas circunstancias, exige liberar sus ataduras para dilatarse, reacomodarse
y cerrarse de nuevo, con otras fronteras y posibilidades para los actores; pero
es allí donde algunos, tras liberar las ataduras del establecimiento, al no
saber a dónde ir ni cómo moverse para sacar legítima ventaja,
terminan atentando contra el proceso y rompiendo compromisos.
Para nadie es un secreto que la historia social de
Colombia, ha estado cruzada por la injusticia de unos privilegios e inequidad
relevantes; que la distancia ideológica entre liberales y conservadores, al no
generar contradicciones políticas solo cierra espacios y alternativas de participación; y que el
excluyente lenguaje de la competitividad tan solo ofrece opciones reales para
una reducida fracción de la población. En ese orden de ideas, sólo con estos
elementos podría trazarse un escenario de acuerdos fundamentales, a partir de
los cuales se implementen políticas para corregir la inequidad, cerrar la
profunda brecha de ingresos promedio entre ciudad y campo, democratizar las
oportunidades políticas en bien de la sociedad civil, destronar el imperio de una
corrupción que se escuda en la impunidad de la justicia, y corregir los
factores económicos y políticos que históricamente oprimen a las grandes mayorías.
A modo de ejemplo, el conflicto de la tierra donde
la verdadera inequidad resulta visible solo cuando se mide la concentración de
la propiedad a partir de los precios de mercado y no de la extensión de los
predios como suele presentarse, o de los impuestos dado que el valor en el
registro predial tampoco funcionaría cuando sabemos cómo la corrupción afecta
el sistema predial ejerciendo influencias sobre alcaldes y demás funcionarios
para subvalorar la propiedad, como pago de favores por el financiamiento de
campañas electorales. Dicho conflicto, importante por su rol como dinamizador
histórico, ya que tras las guerras civiles del siglo XIX consecuencia de la
ambición política y alimentada por la pobreza en un
escenario profundamente rural, terminadas las contiendas pero no los
conflictos, se crean las condiciones para la violencia partidista de mediados
del Siglo XX, cuya causa fundamental parte de una problemática social
desatendida, como son las necesarias reformas laborales para los trabajadores y
el acceso a la tierra para los campesinos, dos temas que resultan eclipsados
por la disputa bipartidista del poder.
Y mientras sigan persistiendo el divorcio entre “país político y país nacional” manteniendo cerrado el escenario de
participación política, el atraso del campo expresado en una
brecha de productividad e ingresos, y los aires guerreros que camuflan el
enfrentamiento del campesinado con los propietarios de tierra intentando
perpetuar la inequidad, se perpetuará la actual violencia insurreccional que se
vive en el campo, y posiblemente se hará más compleja la
solución a los nuevos conflictos urbanos, que ya se multiplican y extienden más allá de las metrópolis colombianas, alcanzando
las pacíficas ciudades de la zona cafetera.
Lo anterior no solo para advertir que, si bien el
ritmo en que surgen los conflictos y su potencial intensidad serán crecientes
en virtud de la acelerada dinámica y mayor complejidad de los cambios de vida y
experiencias sociales en el curso del tiempo; también más allá de un simple
acuerdo para detener la guerra sin atender los males que la explican, el
proceso de paz necesariamente debe alcanzar acuerdos mínimos para trazar políticas y emprender
acciones sociales, económicas y ambientales, suficientes para desencadenar
cambios estructurales, como resultado fundamental para la construcción de una
Nación más digna.
Retrospectiva de la Constitución Política (2)
El 4 de Julio de 1991, al firmarse en Colombia la
reforma fundamental a nuestra carta máxima, fruto de un consenso entre
partidos, pasamos del Estado de derecho de 1886, a un Estado social de derecho,
en el que se consagran además de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
otros derechos económicos, sociales y colectivos, y varios mecanismos como la
tutela y las acciones populares para asegurarlos, creándose al tiempo la
Defensoría del pueblo como un instrumento para velar por los derechos humanos.
Como antecedente lejano, si tras la crisis de los
años 30 habíamos abandonado el modelo agrario e incursionado en el de
sustitución de importaciones bajo los preceptos Cepalinos, más adelante
facilitamos la dictadura de Rojas para enfrentar la violencia política, y en
1957 mediante un plebiscito creamos el Frente Nacional como una coalición
bipartidista, para modernizar el Estado. Pero en los 90, con la presencia
guerrillera y los aires de la modernidad, era evidente que el fin no se había
alcanzado: pese a los cuatro gobiernos que se repartieron el poder, el Estado
no logró crear las condiciones para fortalecerse, resultando así un “para-estado” que lo sustituyo conformado por quienes
ejercían la justicia por su propia mano y por organizaciones que lo cooptaron,
además de la presencia de
actores armados.
Fue entonces cuando las dinámicas de la apertura
económica facilitaron una nueva reforma constitucional para adecuar el Estado,
dándose de paso el cambio de la democracia representativa por la participativa,
al consignar en ella novedosos elementos como el respeto por las minorías étnicas, la libertad de cultos y la equidad de
género, y diferentes mecanismos de participación democrática como la
consulta popular, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la
iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. Y en materia de derechos
ciudadanos, se crearon la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción
de legalidad, las acciones de grupo, el derecho de petición, e instrumentos
como las juntas de vigilancias, veedurías ciudadanas, y audiencias públicas, al
tiempo que se estableció que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento”.
También ha habido
reformas sustantivas a la carta: la transferencia de recursos a las entidades
territoriales, la expropiación de bienes sin indemnización por razones de
interés social, la extradición de nacionales por delitos cometidos en el
exterior, la expansión del régimen pensional para incluir a casi toda la
población, la
pérdida de derechos
políticos por delitos contra el patrimonio del Estado, y la reelección
presidencial inmediata, entre otros.
Ahora, si en materia económica se crearon las bases
para dar paso a la economía de mercado bajo los preceptos del modelo
neoliberal, al admitir que el Estado enajenara o liquidara sus empresas
monopolísticas que no cumplan los requisitos de eficiencia, así promoviera la
democratización de la titularidad permitió otorgarle a terceros el desarrollo
de su actividad económica. Entonces, al desmontar el Estado Keynesiano, esta
vez pudieron más el modelo neoliberal y la apertura económica, que el carácter democrático de la
Constitución; a modo de ejemplo, basta ver los efectos de la Ley 100 de 1993
sobre la salud, las pensiones y los riesgos profesionales, que desdiciendo del
espíritu solidario de la carta incorpora una política social subsidiaria y
neoliberal, en beneficio de organizaciones empresariales de intermediación
(EPS, IPS, ARS y ESE).
Posiblemente, tras el cambio de modelo económico
incorporado, aunque algo se ha logrado con la Constitución Política, el capitalismo salvaje parece haber
podido más que la consagración de principios como la solidaridad, complementariedad
y subsidiariedad, toda vez que a partir de los años 90, la institucionalidad
del “para-estado” actuando con
expresión
militar, social, política y económica, ha prosperado y se ha acentuado
como nunca en la historia del país. Basta escuchar las noticias sobre la muerte
de niños Wayuu en Guajira para saber de la corrupción a través del soborno, la
adjudicación indebida de contratos, el clientelismo y el desvío de recursos públicos; de la
confrontación armada entre las FFAA y guerrillas para entender el flagelo de
legiones de campesinos desplazados sin tierra que cargan las huellas de la
violencia; o de la tragedia de líderes y reclamantes de tierras en Montes de
María y Urabá muertos o afectados por presiones, hostigamientos y amenazas.
Tercera vía y desarrollo en Colombia (3)
Si deseamos un mejoramiento de la calidad de vida de
los colombianos, debemos partir de la educación por ser un proceso con el cual
se liberan y desarrollan las personas, formándolas en actitudes, valores y
respeto por lo público, además de generar en los individuos capacidades que les
permita actuar como miembros de la sociedad civil de forma responsable con el
medio ambiente y con visión de futuro, decidiendo sobre los asuntos propios del
hábitat. Al respecto, antes de abordar la calidad de la educación, habrá que empezar por
replantear el actual modelo educativo por anacrónico, al ser un tema de primer
orden, dado que esta sociedad demanda formar en competencias para la nueva
sociedad del conocimiento, sin perder de vista que nuestro particular contexto
natural y cultural, responde al ámbito latinoamericano.
Con la intensión de buscar soluciones a los
problemas del país, de conformidad con la triada priorizada para el período Santos II, “Paz, equidad y
educación”, el gobierno implementará propuestas en el
marco de “La tercera vía”, un híbrido que toma
elementos del capitalismo y del socialismo para seleccionar alternativas y
argumentar opciones acordes con una visión no conflictiva del futuro, pero
trazando políticas
públicas en un mundo
cada vez más abierto, donde a primera vista no habría posibilidad práctica de
encontrar tres vías y tampoco una tercera desde la perspectiva de la teoría económica, salvo que la propuesta sea priorizar la
formación de capital social sobre el crecimiento económico, y no la fórmula
contraria que nos ubicó en un sitial de privilegio entre las naciones menos
equitativas del planeta.
Lo anterior, porque en la realidad colombiana donde
paros agrarios, conflictos mineros y desempleo formal caracterizan a esta
sociedad, dada la naturaleza compleja tanto del sistema social como del
natural, la problemática socio-económica en un escenario premoderno como el
nuestro, no puede admitir respuestas simples, dado que en virtud de la
naturaleza de las relaciones entre colectividades humanas y medio ecosistémico, más allá del neoliberalismo y del keynesianismo,
necesariamente se dan muchas formas de capitalismo y múltiples formas en la
organización social, incluyendo la democracia comunitaria. Para el efecto,
veamos nuestras circunstancias en las tres dimensiones del desarrollo:
En lo ambiental, durante los últimos años, la
deforestación que alcanza niveles del 41% en la Región Andina, aunque en
Colombia las tasas hayan disminuido, ha pasado factura con inundaciones y
sequías por toda la geografía nacional, y con la contaminación hídrica por los vertimientos industriales y
agroindustriales principalmente, así seamos el sexto país del mundo en oferta
de agua, hemos comprometido el 50% del valioso patrimonio: con sendas
problemáticas, nuestros ecosistemas se han desmejorado de forma sistemática, incluidos páramos y humedales
legalmente protegidos, pero también los bosques andinos que permanecen a la
deriva, por lo que una proporción considerable de la biodiversidad está amenazada.
En lo social, nuestras principales problemáticas se
relacionan con violencia, conflicto armado, desplazados, narcotráfico y
corrupción. Mientras la guerra históricamente ha estado ligada al desarrollo
económico colombiano, la violencia ha partido del ejercicio indebido del poder
buscando el control y asalto del Estado, para acumular tierras y riqueza. Y
como fenómenos asociados, además del desplazamiento forzado cuyas víctimas sumarían 5 millones,
tenemos el narcotráfico ejercido por bandas criminales dedicadas al
microtráfico, sicariato y extorsión, o por las Bacrim herederas de las Auc,
quienes retomaron el control de las actividades criminales de paramilitares y
narcotraficantes.
Y en lo económico, aunque los temas sustantivos se
relacionan con inequidad y pobreza, empleo y productividad, crecimiento económico, inversión en
infraestructura y balanza de pagos, aunque el país ha presentado notables
avances los principales problemas se asocian, en primer lugar, con la
inequidad, que a diferencia de la pobreza resulta más difícil de resolver;
en segundo lugar, con la falta de acceso a un empleo de calidad y con la
obsolescencia del aparato productivo, consecuencia de una brecha de
productividad por carencia de políticas de ciencia y tecnología en especial
para el agro, donde aquélla explica la concentración del ingreso en los medios
urbanos; y por último la salud, dada la falta de cobertura y dificultades de
acceso equitativo a servicios de buena calidad en forma oportuna y eficiente.
(*) Profesor de la Universidad Nacional de Colombia
y Miembro de la SMP de Manizales. Créditos:
(0) [Ed. Circular RAC 635] (1) [Ref.: La Patria/ Manizales, 2013-02-04.] (2) [Ref.: La Patria. Manizales, 2016.08.02]
(3) [Ref. La Patria, Manizales, 2014.08.18] Imagen, en:
festivalcolombiepaixjustice.wordpress.com
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